El Departamento de Estado de Estados Unidos sumó el 16 de julio de 2026 al Cártel de Juárez y a Los Viagras a su lista de organizaciones terroristas extranjeras, con lo que el total de cárteles mexicanos bajo esa categoría llegó a ocho.
El Departamento de Estado de Estados Unidos sumó el 16 de julio de 2026 al Cártel de Juárez y a Los Viagras a su lista de organizaciones terroristas extranjeras, con lo que el total de cárteles mexicanos bajo esa categoría llegó a ocho.
La decisión del secretario de Estado Marco Rubio se ejecutó mediante la figura jurídica del artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y amplió una ofensiva legal que la administración del presidente Donald Trump inició el 20 de febrero de 2025, cuando designó en bloque a seis organizaciones del narcotráfico mexicano como parte de su política de seguridad nacional.
Los ocho cárteles mexicanos en la lista terrorista de Estados Unidos
La primera oleada de designaciones, el 20 de febrero de 2025, incluyó al Cártel de Sinaloa, al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel del Noreste, al Cártel del Golfo, a La Nueva Familia Michoacana y a Cárteles Unidos. Estas seis organizaciones quedaron clasificadas simultáneamente como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).
El 16 de julio de 2026, el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incorporó al Cártel de Juárez —conocido también como La Línea— y a Los Viagras a esas mismas categorías. Con esa actualización, ambas organizaciones dejaron atrás la clasificación previa que las ubicaba únicamente como “personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito de drogas” bajo la orden ejecutiva EO14059.
El Cártel de Juárez opera desde la década de 1970 en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la franja fronteriza con Texas. Los Viagras, por su parte, tienen presencia principalmente en Michoacán y fueron señalados por el Departamento de Estado por “numerosos ataques” contra fuerzas de seguridad y civiles, entre ellos la masacre de nueve personas de nacionalidades mexicana y estadounidense en Sonora a finales de 2019.
Qué implica la designación del Departamento de Estado bajo el artículo 219
La categoría de Organización Terrorista Extranjera coloca jurídicamente a los cárteles mexicanos al mismo nivel que organizaciones como el Estado Islámico y Al Qaeda. Así lo subrayó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, durante una ceremonia en el Pentágono el 28 de julio de 2026: “Los cárteles mexicanos de la droga se encuentran en la misma situación legal que ISIS o Al Qaeda, con la diferencia de que no operan a miles de kilómetros de distancia, sino a pocos metros de donde usted se presenta a trabajar todos los días”.
La designación activa consecuencias financieras y legales de alcance inmediato. Todos los bienes, cuentas bancarias e intereses de las organizaciones designadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos o empresas de ese país quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Las personas y entidades estadounidenses tienen prohibición general de realizar transacciones financieras o comerciales con los grupos incluidos en la lista. La restricción abarca también a cualquier empresa en la que una persona bloqueada tenga una participación del 50% o más, de forma directa o indirecta.
Marco legal: el artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad
El Departamento de Estado define a las organizaciones terroristas extranjeras como grupos criminales ubicados fuera de Estados Unidos, designados por el secretario de Estado conforme al artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La norma establece tres criterios acumulativos: que el grupo sea extranjero, que realice actividades terroristas o tenga la capacidad e intención de hacerlo, y que sus actividades amenacen la seguridad de ciudadanos o la seguridad nacional de Estados Unidos.
La Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado monitorea de forma continua a los grupos identificados como terroristas en todo el mundo. Al evaluar posibles nuevas designaciones, la oficina no solo considera ataques ya perpetrados, sino también la participación en la planificación de actos futuros y la capacidad operativa para ejecutarlos.
Una vez identificado un objetivo, el Departamento de Contraterrorismo elabora un expediente administrativo con información clasificada y de acceso público que acredita el cumplimiento de los criterios legales. Ese expediente sustenta la decisión formal del secretario de Estado.
Consecuencias legales para quienes apoyen a los cárteles designados
La clasificación como FTO abre los tribunales estadounidenses a demandas civiles privadas bajo la Ley Antiterrorismo (ATA, por sus siglas en inglés). Las personas o empresas que ayuden, financien o conspiren con una organización terrorista designada pueden enfrentar responsabilidad civil por daños, con posibilidad de que el juez fije el triple del monto probado como indemnización, más costos legales.
Sectores como la banca, el transporte, la logística, las telecomunicaciones, el sector inmobiliario y la agroindustria enfrentan un riesgo elevado de investigación penal o demanda civil si mantienen vínculos, directos o indirectos, con cualquiera de los ocho cárteles de la lista. El riesgo se extiende incluso a quienes no conocían la conexión con el narcotráfico, si un tribunal determina que “debían haberla conocido”.
Las instituciones financieras estadounidenses tienen la obligación de congelar los fondos en los que cualquier organización terrorista designada tenga algún interés y de reportar esos activos al Departamento del Tesoro. El incumplimiento de esa obligación expone a los bancos a sanciones civiles y penales bajo la legislación antiterrorista.
La respuesta del gobierno mexicano y el contexto bilateral
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las declaraciones de Miller del 28 de julio de 2026 con la exigencia de que Estados Unidos “tiene que mirarse a sí mismo”. La postura del gobierno mexicano contrasta con la escalada de presión de Washington, que desde 2025 ha intensificado las operaciones en la frontera y lanzó decenas de ataques contra embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 200 personas muertas hasta la fecha, según reportes de medios locales.
El Departamento de Estado sostiene que las designaciones terroristas “constituyen un medio eficaz para reducir el apoyo a las actividades terroristas” y para “presionar a los grupos para que abandonen dichas actividades”. El catálogo de organizaciones terroristas extranjeras existe desde 1997, pero la incorporación masiva de cárteles del narcotráfico mexicano es una política exclusiva del segundo mandato de Trump.
Los decomisos de drogas en la frontera entre México y Estados Unidos crecieron un 30% en el contexto de ese endurecimiento de la política antinarcóticos, de acuerdo con datos de Expansión Política. La designación terrorista de los ocho cárteles representa, según analistas citados por La Silla Rota, el paso de una visión de seguridad pública a una de seguridad nacional en la estrategia de Washington frente al crimen organizado transnacional.