El presidente Gustavo Petro afirmó que la suspensión provisional de apartes del decreto que autorizaba el traslado de $4 billones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) pone en riesgo la capacidad del Estado para enfrentar la sequía prevista entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente dos apartes del Decreto 802 del 23 de julio de 2026, que autorizaba el traslado de $4 billones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Según el mandatario, esta medida judicial podría derivar en una crisis humanitaria y ambiental al impedir la financiación de proyectos de agua potable, producción de alimentos y energía solar.
En su cuenta en la red social X, Petro escribió: “Si no se lleva de inmediato recursos para el agua potable, el crecimiento de la producción de alimentos y la energía solar, habrá una crisis humanitaria y ambiental en Colombia en el mes de diciembre”.
El presidente también cuestionó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, por, según él, negar la crisis climática, y criticó a los magistrados del Consejo de Estado al afirmar que, “solo por odio político”, permiten que la población quede expuesta “al riesgo del hambre y la muerte”.
La controversia surgió luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente un artículo y un inciso del Decreto 802, que facultaba al Ministerio de Hacienda a modificar partidas del Presupuesto General de la Nación sin contar previamente con una autorización legal. El alto tribunal indicó que la medida cautelar responde a posibles inconsistencias jurídicas que serán analizadas de fondo durante el proceso.
Durante el consejo de ministros del 30 de julio, el Gobierno expresó su preocupación por la sequía prevista entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 y confirmó que ya había comprometido recursos a través de las alcaldías para preparar a las regiones frente a esa contingencia climática.
Petro explicó que los recursos tenían tres prioridades: garantizar el suministro de agua potable para Sucre y otros departamentos de la región Caribe, destinar un subsidio de $1 billón para fertilizantes para proteger la producción de alimentos y acelerar la instalación de paneles solares para asegurar el abastecimiento energético durante la temporada seca.
El mandatario sostuvo que la suspensión del decreto frenó la posibilidad de adelantar con rapidez los procesos de contratación, compra de equipos e instalación de estos sistemas en miles de viviendas. Asimismo, señaló que el Gobierno contemplaba financiar esa estrategia mediante programas de mejoramiento de vivienda y a través de la iniciativa Colombia Solar.
Petro también vinculó la decisión judicial con el inicio del próximo Gobierno. Según manifestó, si la administración de Abelardo de la Espriella no restablece el mecanismo de financiación una vez asuma el poder el próximo 7 de agosto, el país podría enfrentar una emergencia de mayores proporciones.
“Lo que viene no es lluvia, sino muchísimo sol. Serán tres o cuatro meses de intensa sequía a partir de diciembre, que podrían provocar muerte y hambre si se pierde tiempo”, afirmó el presidente, quien insistió en que la Ley de Desastres permite realizar este tipo de traslados presupuestales para atender emergencias.
Petro agregó que espera que el nuevo Gobierno reactive el decreto o adopte una medida similar para garantizar los recursos destinados a enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño. Según dijo, una demora adicional no solo implicaría perder tiempo en la ejecución de las obras, sino también poner en riesgo la vida de miles de personas.