La actividad judicial se reanudó este lunes tras la feria de invierno. El Gobierno enfrenta varios frentes: la designación de jueces, la causa por la criptomoneda $LIBRA, el expediente por enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni y la investigación por corrupción en la ex ANDIS.
Este lunes se reanudó la actividad judicial tras la feria de invierno. En ese marco, el Gobierno tiene varios frentes abiertos. Por un lado, a partir del martes 4 de agosto, una docena de candidatos a jueces pasarán por la comisión de Acuerdos del Senado, que encabeza el libertario Juan Carlos Pagotto, como paso previo a su designación por parte del Ejecutivo. Por otro lado, el Gobierno sigue la agenda de los tribunales de Comodoro Py, donde se investigan las causas por la maniobra de la criptomoneda $LIBRA, las coimas en torno a la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el expediente por enriquecimiento ilícito del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni.
En la causa $LIBRA, a principios de julio el juez Marcelo Martínez Di Giorgi resolvió excluir de la condición de querellantes a cinco inversores: Martín Romeo, representado por Nicolás Oszust, y otros cuatro que son defendidos por el equipo de abogados del diputado Juan Grabois. La Sala I de la Cámara Federal, integrada por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, fijó una audiencia para el próximo 10 de agosto para que los afectados amplíen sus fundamentos sobre los motivos para continuar siendo querellantes, algo que pueden hacer por escrito u oralmente, si así lo piden.
En dicha Sala de la Cámara Federal asumirá -si no hay contratiempos de último momento- Pablo Yadarola en reemplazo de Bruglia. Yadarola, juez en lo Penal Económico, concursó y obtuvo el primer puesto para ocupar la silla de Bruglia, quien llegó por un traslado durante el gobierno de Mauricio Macri y tiene que presentarse en la audiencia pública del Senado el próximo 12 de agosto, junto a su colega Bertuzzi. La presentación en la comisión de Acuerdos del Senado suele ser un paso protocolar. Luego, restaría que asuman el cargo, por lo que la audiencia del 10 se va a tomar con la actual conformación de la Sala.
El pedido de apartar a las querellas lo impulsó Mauricio Novelli, uno de los organizadores del Tech Forum 2024, quien mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei en Casa de Gobierno y se fotografió con él, porque argumentó que los querellantes no sufrieron un “perjuicio directo”. El abogado de Romeo sostuvo que la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi era “arbitraria” e “ilógica”.
La semana pasada se supo que la investigación que instruye el fiscal Eduardo Taiano puso bajo la lupa a dos personas que habrían funcionado como intermediarios para recibir fondos enviados por Hayden Davis, el empresario cripto señalado como uno de los responsables del proyecto. Se trata de Orlando Mellino, un jubilado de 75 años, y Camilo Rodríguez Blanco, un divulgador colombiano de activos digitales.
Según la investigación judicial, ambos aparecen vinculados a billeteras que recibieron transferencias por varios millones de dólares en los días previos al lanzamiento de $LIBRA. Los movimientos de dinero, que rondan los 5 millones de dólares, son analizados por la Justicia para determinar cuál fue el rol de cada uno dentro del esquema.
Ambos están representados por el mismo abogado: Matías Ledesma, quien también defiende al vocero presidencial Manuel Adorni en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El 27 de junio, en medio de la euforia mundialista, el jefe de Gabinete Manuel Adorni renunció a su cargo luego de tres meses en los que ocupó las portadas de los diarios en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito. “Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin”, tituló su carta de despedida que subió a la red social X.
Las noticias sobre el ex vocero y ex jefe de Gabinete empezaron en marzo cuando se difundió una imagen suya junto a su esposa Betina Angeletti en la tumba del rabino de Lubavitch en Nueva York. El entonces funcionario había viajado a esa ciudad para el Argentina week y sumó a su pareja al avión presidencial. En una entrevista en TV ya en Buenos Aires dijo que se “deslomaba” en cada viaje que hacía como funcionario y por eso requería la compañía de Angeletti. En abril, el juez Daniel Rafecas archivó la causa al determinar que no existió delito ni malversación de fondos públicos en ese caso.
Sin embargo, las noticias sobre los viajes, compras de propiedades y equipamiento de las mismas se multiplicaron desde entonces. Se filtró un viaje que hizo con su familia a Punta del Este en febrero pasado, en avión privado pagado por el periodista Marcelo Grandio, contratado por la TV Pública, que estuvo bajo la órbita de Adorni cuando fue vocero presidencial.
Los consumos de Adorni y su familia no tenían relación con sus ingresos como funcionario. Al retirarse de la función pública en junio, el ingreso de Adorni como jefe de Gabinete (con rango de ministro) era de $ 7.656.785. Sin embargo, mientras ejerció como vocero (hasta noviembre de 2025) ganó alrededor de 3 millones de pesos por mes. En los dos años y medio que fue funcionario compró una casa dentro del barrio cerrado Indio Cua Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz (provincia de Buenos Aires), a nombre de Angeletti y un departamento, que también reformó, en la calle Miro en el barrio porteño de Caballito. Solo en la reforma a la casa de Indio Cua gastó 245 mil dólares, que pagó en efectivo, según declaró quien estuvo a cargo de la reforma, Matías Tabar, ante el fiscal Gerardo Pollicita.
También se investigan viajes a otros destinos y gastos en tarjeta de crédito muy superiores a sus ingresos como funcionario.
A principios de junio, antes de su renuncia, Adorni dijo en una nota en La Nación + que no declaró ingresos en sus declaraciones juradas por unos 500 mil dólares, la mayoría obtenido de ganancias por inversiones en bitcoins con dinero que encontró en el departamento que era de su papá, que falleció en 2002. “Con mi mujer toda la vida ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar. No declaramos ese dinero porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años», aseguró en esa entrevista.
A partir de la reanudación de la actividad judicial tras la feria, Adorni tendrá que dar cuentas sobre el dinero digital, para evitar ser llamado a indagatoria.
En la causa que investiga la trama de corrupción en torno a la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad, el ex titular de la entidad, Diego Spagnuolo, apeló ante la Cámara Federal el estudio forense para determinar si su voz es la que se escucha en los audios que se difundieron a partir de agosto del año pasado. El peritaje había sido ordenado por el juez Ariel Lijo, a cargo de la causa que instruye el fiscal Franco Picardi.
La pericia requiere que Spagnuolo hable ante un micrófono y así cotejar su voz con las grabaciones que destaparon el escándalo, un año atrás. La defensa del ex funcionario señaló que si cumple con dicha medida podría “autoincriminarse” y por eso apeló.
Será la Sala II de la Cámara Federal la que dirima el asunto, integrada por Roberto Boico, Martín Irurzun (próximo a retirarse porque el Gobierno no le renovó el pliego luego de haber cumplido los 75 años) y Eduardo Farah.
El fiscal Franco Picardi cuestionó la apelación de Spagnuolo y sostuvo que se trataba de un intento de demorar y entorpecer el proceso. Dijo que el planteo era “la vieja escuela de la nulidad por la nulidad misma”. Agosto puede traer novedades en tribunales.