El Poder Ejecutivo decidió no avanzar con la modificación de la Ley de Tierras y no enviará un proyecto aparte en el futuro cercano. La medida fue retirada del debate parlamentario tras la falta de apoyo de aliados y sectores de la sociedad.
El Gobierno nacional resignó sus intenciones de modificar la Ley de Tierras y no tiene previsto insistir en un futuro cercano con esta iniciativa, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. La norma, que fue trabajada durante varios meses, contaba con el respaldo del presidente Javier Milei y del Gabinete, pero la falta de apoyo de los aliados y de parte de la sociedad impidió su tratamiento.
El artículo que proponía cambios a la ley fue eliminado del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada durante la sesión legislativa. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, acordó con la oposición retirar ese apartado para evitar que todo el texto se cayera. La decisión fue consensuada con la Casa Rosada, según indicó un integrante de la mesa política.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, autor del artículo descartado, se habría enterado de la novedad a través de las redes sociales. En su entorno señalaron que la ley de tierras, sancionada en 2011 durante la gestión de Cristina Kirchner, limitaba la compra de hectáreas por parte de extranjeros, y que antes de esa fecha no existía tal restricción.
El proyecto original planteaba eliminar cualquier restricción a la compra de hectáreas ganaderas por parte de extranjeros. Tras una reunión entre Bullrich y Sturzenegger, se propuso elevar el techo del 15% al 25%, pero el tema continuó generando controversia y no frenó la movilización de organismos sociales y partidos de la oposición, que se concentraron en las afueras del Congreso.
Desde el Ministerio de Desregulación indicaron que la posibilidad de acceder a un terreno para su explotación está garantizada por la Constitución, tanto para locales como para extranjeros. «La ley la hizo el kirchnerismo y nosotros, para solicitar que se derogue, nos basamos en la realidad de la Argentina, la Constitución, en Alberdi y en 150 años de historia», afirmaron fuentes de esa cartera.
Ante esta situación, Sturzenegger y su equipo concentran sus esfuerzos en defender el paquete de desregulaciones denominado «Hojarasca», que ya está en el Congreso para su tratamiento. Además, elaboraron otro paquete de reformas que fue terminado en julio, con 349 artículos, centrado en el mercado inmobiliario y otros sectores de la economía.
Ese texto, que incluía el pedido de facultades delegadas, plantea como objetivo «promover la libre competencia contra toda forma de distorsión de los mercados». Entre sus propuestas se encuentran la eliminación de la obligatoriedad de matrícula en colegios profesionales, la supresión de aranceles y honorarios mínimos, y el fin de la exigencia de título universitario establecida por la Ley 25.028.
El Gobierno intentará primero sancionar la nueva Carta Orgánica del Banco Central y las mejoras en la ley de Inocencia Fiscal, que podrían debatirse a finales de agosto en la Cámara de Diputados.