El Gobierno enfrenta una semana de crisis por el decreto de practicaje y pilotaje

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La aplicación del decreto 690 sobre practicaje y pilotaje de barcos generó una crisis que paralizó 185 embarcaciones y expuso falencias de coordinación interna en el Gobierno. La medida fue revertida parcialmente y se acordó una baja salarial para los prácticos.

El lunes comenzó con la aplicación del decreto 690 sobre practicaje y pilotaje de barcos, una medida que provocó una crisis breve pero profunda y evidenció dificultades de funcionamiento interno en el Gobierno, que se encamina a cumplir tres años de gestión.

La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tenía como objetivo reducir los salarios de más de 15.000 dólares mensuales que perciben alrededor de 500 prácticos y pilotos navales. La medida fue resistida por el sector, que llevó a cabo una medida de fuerza que paralizó 185 barcos.

Ante la emergencia, el Gobierno intentó activar medidas de reemplazo, pero la Armada informó que solo contaba con seis oficiales disponibles y la Prefectura con ninguno. Además, se descubrió que los habilitadores de los prácticos son los mismos prácticos, lo que impidió una solución rápida.

En 48 horas, la situación se agravó: las empresas del sector hidrocarburífero advirtieron que quedaban insumos para tres días, lo que podría derivar en faltante de combustibles. El martes, la mesa política del Gobierno discutió el tema. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó a Sturzenegger, y Karina Milei también expresó su malestar.

Finalmente, se decidió dar marcha atrás parcialmente: no se derogó el decreto, pero se acordó una baja salarial para los prácticos. Diego Santilli y Santiago Caputo intervinieron en la instrumentación del repliegue.

Un integrante de la mesa política señaló: “Quizás debimos haberlo analizado en la mesa política antes de firmar el decreto. Federico tiene buenas intenciones, pero no termina de contar con reflejos políticos. No podemos tomar una medida así y no tener garantías de poder sostener el conflicto. No midió el problema operativo”.

El episodio reflejó problemas de coordinación interna que persisten un mes y medio después de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. Entre las falencias detectadas se mencionan la falta de una voz ordenadora en la mesa política, la influencia directa de Sturzenegger sobre el presidente Javier Milei, y el aislamiento del propio Milei de la gestión diaria.

Además, el Gobierno enfrentó un revés en el debate sobre la ley de tierras, que incluía la eliminación del límite a la compra de tierras por extranjeros. La iniciativa perdió apoyo en el Congreso y entre gobernadores aliados, quienes manifestaron cansancio por las indefiniciones electorales.

Según datos manejados en la Casa Rosada, la imagen positiva de la gestión pasó de 45% favorable y 55% desfavorable a principio de año, a 35% favorable y 65% desfavorable en la actualidad. Una encuesta de la consultora Escenarios indica que el 52,9% de los encuestados cree que estará peor dentro de un año, y que entre el 70% y el 90% responsabiliza a la gestión actual por los problemas económicos.

El presidente Milei no tiene previsto modificar sus prioridades. Una persona de confianza de los Milei declaró: “Javier no va a cambiar nada, no va a hacer otra cosa por el riesgo de perder la elección. La gente lo votó para que baje la inflación y ajuste el gasto, y es lo que está haciendo. Si la gente ahora pide otra cosa, votará a otro; él no tiene problemas en perder, esa es la novedad del personaje”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ha expresado internamente su preocupación por la lentitud de la reactivación económica y estaría dispuesto a resignar algo del ritmo de baja de la inflación a cambio de motorizar el crédito, el consumo y la actividad. Sin embargo, Milei mantiene la inflación como prioridad absoluta.

En las últimas semanas se discutió la posibilidad de introducir un cambio monetario para que los bancos puedan otorgar préstamos en dólares, con el objetivo de movilizar parte de los 7.000 millones de dólares que están encajados. Se llegó a un acuerdo para avanzar y se prevé su anuncio en las próximas semanas.

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