La Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso una actualización del 2,1% para las prestaciones correspondientes a agosto, según la variación del IPC de julio. La medida fue formalizada mediante la Resolución 2775/2026 y mantiene un adicional del 20% para la zona patagónica.
La Secretaría Nacional de Discapacidad (SND) formalizó la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. El incremento es del 2,1% para las prestaciones correspondientes a agosto, porcentaje calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.
La medida fue establecida mediante la Resolución 2775/2026, que modificó los valores fijados por la Resolución 2227/2026 para julio, cuando se aplicó una actualización del 1,9%. El aumento se aplica de manera uniforme a todas las modalidades contempladas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, sin diferencias según el tipo de servicio.
La normativa mantiene un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones realizadas en la zona patagónica. Este beneficio por zona desfavorable alcanza a las provincias del sur del país y contempla las características geográficas y las dificultades de acceso que pueden incrementar los costos vinculados con la atención y los servicios de apoyo.
Entre los nuevos valores establecidos, para la Categoría A, correspondiente a las prestaciones de mayor complejidad, el arancel de un Centro de Día con jornada doble pasó de $1.078.908,97 a $1.101.566,06. En la Categoría B, el arancel para un Hogar con CET permanente quedó establecido en $2.824.518,71, mientras que la Residencia Permanente alcanzó los $1.133.384,56. Para la Categoría C, que reúne prestaciones de menor complejidad relativa, el valor correspondiente al Hogar Permanente quedó fijado en $1.383.759,91 y el de la Residencia Permanente en $1.047.812,39.
La actualización se produce en un contexto de reclamos vinculados con los pagos a prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad. En mayo de 2026, la Justicia Federal ordenó al programa Incluir Salud y al PAMI normalizar la cadena de pagos a los prestadores en un plazo de 72 horas. La medida cautelar fue dictada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, en el marco de un amparo colectivo de alcance nacional. La resolución tiene una vigencia de seis meses o hasta que se dicte una sentencia firme.
Los demandantes señalaron que los prestadores no recibían fondos adeudados por el Estado, una situación que, según afirmaron, provocó la interrupción de terapias y dificultades para la entrega de medicamentos. Por su parte, el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, sostuvo ante la Justicia que las demoras estaban relacionadas con un «reordenamiento estructural» derivado del traspaso del programa Incluir Salud desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a esa cartera, y afirmó que el proceso de regularización se encontraba en marcha.
El Nomenclador de Prestaciones Básicas fue creado en 1999 por el entonces Ministerio de Salud y Acción Social mediante la Resolución 428, en el marco de las facultades otorgadas por el Decreto 1193 de 1998. Desde entonces, sus aranceles son actualizados periódicamente a partir de propuestas elevadas por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, órgano colegiado encargado de la conducción del sistema. En esta oportunidad, el directorio acordó la modificación mediante el Acta 432, que sirvió como fundamento para la nueva resolución y quedó encuadrada en las disposiciones de la Ley 27.793.