El Departamento de Justicia de Estados Unidos accedió a no restaurar el nombre del presidente Donald Trump en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas antes del 8 de octubre de 2026, luego de que un juez cuestionara la urgencia de la fecha propuesta originalmente.
La disputa por el alcance de los reconocimientos a Donald Trump en el Kennedy Center regresó a los tribunales, después de que el directorio aprobara nuevas inscripciones y referencias en la fachada y la plaza ubicada frente al edificio.
En un primer momento, los abogados del Departamento de Justicia anunciaron que no restaurarían el nombre del presidente antes del 8 de septiembre. Durante una audiencia de dos horas, el magistrado Christopher Cooper puso en duda la urgencia del cronograma que impulsó el directorio. “¿Qué tiene de mágico esa fecha?”, preguntó y luego bromeó que durante el feriado por el Día del Trabajo, los jueces suelen irse de viaje, reportó Associated Press.
Para el juez, esa fecha resultaba arbitraria y advirtió que, si el centro no modificaba con rapidez su calendario, podía verse obligado a impedir temporalmente cualquier avance mientras siguiera el litigio. En consecuencia, el departamento presentó un escrito en el que acceden a no avanzar con los cambios antes del 8 de octubre de 2026, precisó CNN.
El directorio volvió a impulsar un reconocimiento a Trump
El directorio del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas aprobó el 13 de agosto una nueva fórmula para reconocer a Trump. El plan prevé una inscripción debajo del cartel principal para indicar que el recinto fue “restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump”.
El juez ya había resuelto este año que un intento previo de renombrar el edificio como “Donald J. Trump y el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas” violaba la ley federal. En la audiencia, el abogado del gobierno, Brantley Mayers, sostuvo que esas acciones constituyen un reconocimiento al presidente y no un cambio de nombre de la institución, informó ABC News. La defensa lo vinculó con la necesidad de asegurar aportes privados para una renovación amplia del complejo cultural.
Cooper intervino y cuestionó: “¿Qué tiene eso que ver con lo que el Congreso pretendía en los estatutos?”. Al mismo tiempo, se evalúa una referencia adicional en el frente si un fondo patrimonial alcanza USD 100 millones. Sin embargo, el gobierno pidió al magistrado no pronunciarse todavía sobre esa inscripción, con el argumento de que aún no se recaudó dinero y se trata, por ahora, de una posibilidad teórica, consignó Associated Press.
Por otro lado, el proyecto contempla renombrar la plaza y el terreno donde se levanta el edificio en honor al mandatario. El juez exploró si el renombramiento de la plaza vulnera una ley de 1983 que prohíbe “memoriales adicionales” en las áreas públicas del centro. En esa línea, indagó si una plaza ubicada fuera del edificio podía ser considerada parte de ese espacio público protegido, según ABC News.
Cooper sugirió que, bajo la interpretación del gobierno, el directorio podría poner el nombre de otros expresidentes como Obama y Bush en distintos sectores del complejo, desde el estacionamiento hasta el campus. “Todo estaría básicamente a la venta”, planteó.
La oposición al plan alertó por un posible avance sin aviso
La ofensiva judicial contra el plan fue presentada por la congresista demócrata por Ohio Joyce Beatty, integrante ex officio del directorio. Su abogado, Nathaniel Zelinsky, insistió en que el directorio intentaba hacer “lo mismo” que antes, con otra formulación, y pidió una intervención urgente porque temía que el centro avanzara de manera reservada antes de que hubiera una decisión final, indicaron ABC News y CNN. En un momento de la audiencia, advirtió: “Me preocupa que puedan hacer esto en medio de la noche”.
Por su parte, Mayers afirmó que no había “ninguna evidencia” que indicara que la decisión de volver a poner el nombre de Trump en el edificio estuviera pronta a concretarse. De todas formas, reconoció que “es evidente que reconocer al presidente ayudará a abordar tanto los problemas financieros como estructurales” del centro.
La amenaza de demolición
En escritos recientes, los abogados de la administración alegaron que, si el centro no consigue fondos para renovaciones y no puede avanzar con el reconocimiento a Trump, la estructura podría deteriorarse hasta el punto de requerir su derribo. Incluso, mencionaron la posibilidad de construir en su lugar un anfiteatro al aire libre con vista al río Potomac.
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, declaró ante periodistas que la demolición sería una “eventualidad” si Trump no pudiera renovar el centro, aunque descartó una medida inmediata. Zelinsky apuntó contra la advertencia. “Es una amenaza nada sutil, del tipo: ‘Vaya, qué bonito Centro Kennedy tienen aquí; sería una pena que le pasara algo”, expresó citado por CNN.
No obstante, de acuerdo con ABC News, Cooper quitó centralidad a ese argumento y volvió a encuadrar el debate en la legalidad de la resolución aprobada por el directorio. “Debo decir que las primeras cuatro o cinco páginas de su informe no guardan relación con el punto en discusión. Estamos aquí para debatir si la resolución de la junta fue coherente con mi orden y con los estatutos”, explicó.
El juez también consultó si todavía conserva jurisdicción suficiente para frenar esos cambios mientras su fallo anterior sigue apelado. Zelinsky replicó que, si el tribunal no actuaba, se abriría un vacío en la capacidad de hacer cumplir la sentencia de mayo, señaló Associated Press. Pese a las advertencias del abogado, Cooper no llegó a ninguna decisión y dijo que necesitará tiempo para “prestar a los asuntos la atención que merecen”.