La Patrulla de Carreteras de Florida publicó una solicitud de información para encontrar contratistas interesados en operar centros de detención temporales en el estado.
El gobierno de Florida, a través de la Patrulla de Carreteras (FHP), publicó una solicitud formal de información (RFI) para identificar contratistas que deseen operar nuevos centros de detención temporales en el estado. La medida se da después del cierre del centro conocido como «Alligator Alcatraz» en junio.
La RFI 027-27 fue emitida por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV), del cual depende la FHP. El documento aclara que no constituye una convocatoria para presentar ofertas y que los datos recopilados podrían utilizarse para desarrollar una futura convocatoria competitiva.
Según el texto, las instalaciones serían «una estructura o conjunto de estructuras similares a un centro de detención, compuesta por edificios, donde un contratista presta servicios residenciales seguros bajo la supervisión del gobierno de Estados Unidos para alojar a sus detenidos las 24 horas». Cada centro tendría capacidad para albergar hasta 50 personas adultas.
La solicitud pide recomendaciones sobre ubicaciones, preferentemente «cinco o más al sur del corredor de la Interestatal 4, o recomendaciones de ubicación por condado, donde resulte viable construir instalaciones temporales de detención y donde esté permitido por los municipios competentes en materia de zonificación, planificación y permisos de construcción y medioambientales».
Los interesados pueden enviar información sobre estrategias para cumplir con restricciones de uso en instalaciones financiadas con subvenciones federales, control del terreno en propiedades estatales y riesgos regulatorios relevantes para instalaciones de custodia de adultos de corta duración.
La representante estatal Anna Eskamani declaró a Florida Public Media que la RFI es «un llamado a construir centros de detención con fines de lucro, pagados con el dinero de los contribuyentes, para detener a los inmigrantes». Eskamani afirmó que los nuevos centros podrían albergar a unos 350.000 migrantes haitianos que perdieron su Estatus de Protección Temporal (TPS) tras un fallo de la Corte Suprema y la eliminación de esas protecciones por parte de la administración Trump en julio.
Ericka Gómez-Tejeda, coordinadora de la coalición «Los inmigrantes son bienvenidos aquí» del condado de Orange, solicitó mayor transparencia. «Necesitamos entender o que nos expliquen cuáles son exactamente sus intenciones», sostuvo. Agregó que «el estado tiene un historial terrible: Alligator Alcatraz fue un desastre absoluto en materia de derechos humanos».