A menos de 24 horas de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei anunció medidas vinculadas al reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, el Gobierno dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
El Gobierno argentino, a través de la Oficina del Presidente, informó que la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos, tanto personas humanas como jurídicas, por presuntas violaciones a la Ley N° 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
Según el comunicado oficial, las sanciones alcanzan a empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la zona de las islas Malvinas, así como a sus accionistas y a empresas proveedoras de servicios que facilitarían dichas operaciones.
La Oficina del Presidente señaló que «recientemente la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales» y que «la República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas».
El anuncio se produce tras la cadena nacional del presidente Javier Milei, quien adelantó un proyecto de ley que será enviado al Congreso con tres ejes principales: la modificación de la Ley 26.659 para endurecer sanciones, la creación del Consejo de Seguridad Nacional y la solicitud de facultades especiales para dicho consejo.
El proyecto de ley busca extender el régimen de sanciones a proveedores de empresas vinculadas a actividades no autorizadas en las islas, prohibirles contratar con el sector público o privado argentino y habilitar el juicio en ausencia cuando corresponda. También contempla extender las restricciones a otras actividades que afecten recursos naturales argentinos.
El Consejo de Seguridad Nacional, según el anuncio, tendrá la función de definir una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y coordinará las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. Además, establecerá un marco para la protección de infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima.
El proyecto solicita al Congreso que otorgue al Consejo las facultades necesarias para que el Estado responda con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores que amenacen la seguridad nacional.