La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) busca recuperar más de US$423 millones en multas impuestas a 66.300 personas expulsadas del país. Para ello, adjudicó contratos por hasta US$36 millones a cuatro empresas privadas con el fin de localizar a los deudores en México, Honduras y Guatemala.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) intenta recuperar aproximadamente US$423 millones en multas y tasas de más de 66.300 personas deportadas. Según un anuncio publicado en un sitio web de contratación pública, la agencia acordó el mes pasado pagar hasta US$36 millones a cuatro empresas para localizar en México, Honduras y Guatemala a personas con deudas pendientes.
La iniciativa amplía los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para controlar la inmigración, al extender el alcance de las acciones a personas que ya fueron expulsadas del país. No se ha especificado si EE.UU. puede exigir legalmente el pago a quienes ya no residen en su territorio. El anuncio del contrato no detalla los mecanismos de cobro ni el posible rol de los gobiernos de México, Honduras y Guatemala.
Según los documentos del contrato, las empresas contratadas podrían tomar fotografías de viviendas, obtener facturas de servicios públicos, expedientes laborales o documentos judiciales para localizar a los deportados y determinar su capacidad de pago. Los registros federales indican que la CBP adjudicó contratos de dos años a Global Recovery Group, The Baptiste Group, Caduceus Inc. y Response AI Solutions, cada uno con un valor máximo de US$9 millones. Las empresas no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La cifra que la CBP busca recaudar representa una parte menor de las sanciones impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Desde el 20 de enero de 2025 hasta el 16 de julio de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) impuso más de 103.000 multas civiles por un total superior a US$84.000 millones, según el DHS. Hasta esa fecha, el gobierno había recaudado US$1,2 millones.
“Nuestro mensaje es claro: los extranjeros que se encuentran en el país de forma ilegal deben marcharse ahora o afrontar las consecuencias, incluidas las sanciones económicas”, declaró el DHS en un comunicado.
Las multas se basan en parte en una disposición de una ley de inmigración de 1996 que permite al gobierno imponer sanciones diarias a determinadas personas que no abandonan el país tras recibir una orden de deportación. Esta facultad fue utilizada de forma limitada hasta el primer mandato de Trump. La administración de Joe Biden suspendió la medida en 2021, al considerarla ineficaz y desviadora de recursos. Trump la reactivó a mayor escala: algunos inmigrantes pueden recibir multas de casi US$1.000 por día de permanencia posterior a la orden de deportación, con acumulaciones que pueden alcanzar millones de dólares.
La administración ha presentado demandas para cobrar multas impagadas, ha embargado devoluciones de impuestos y ha retenido parte de los salarios. Algunos inmigrantes con recursos legales en trámite han recibido multas de US$1 millón o más. A la vez, el gobierno ofrece incentivos a quienes aceptan salir voluntariamente, como viaje pagado y dinero en efectivo a través de la aplicación “CBP Home”. El DHS indicó que ciertas multas podrían condonarse en esos casos.
Ciudadanos mexicanos deportados este año han recibido cartas de cobro de la CBP en sus direcciones en México, según Juan Cuéllar Torres, director de defensa de la Kino Border Initiative. Las multas, que suelen rondar los US$250, incluyen advertencias sobre intereses acumulables, posibles efectos en futuros trámites migratorios y la posible transferencia de la deuda a una agencia privada de cobro.
David Leopold, abogado de inmigración en Cleveland, afirmó que la iniciativa en el extranjero resulta punitiva. “Ir a estos países y perseguir a personas que han sido deportadas no es más que un paso más para aterrorizar a la gente sin motivo alguno”, declaró. “Es la cereza en el pastel de la crueldad”.