La jueza federal Mariel Borruto, de Río Grande, Tierra del Fuego, se declaró competente para intervenir en una acción preventiva por daño ambiental colectivo contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development por el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.
La Justicia Federal de Río Grande se declaró competente para intervenir en la acción preventiva por daño ambiental colectivo contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development. La jueza federal Mariel Borruto admitió la jurisdicción internacional de la justicia argentina en el caso.
El dictamen, emitido en el marco de la causa presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), busca la suspensión de las obras y operaciones financieras del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la costa de las Islas Malvinas.
La demanda fue presentada la semana pasada, dos días antes de que el presidente Javier Milei anunciara sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos hidrocarburíferos en las Islas. La jueza Borruto adhirió al dictamen del Ministerio Público Fiscal y señaló que el emprendimiento «se emplaza en aguas del Atlántico Sur que por su dinámica oceanográfica, corrientes y conectividad ecosistémica, integran las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur».
En cuanto a la infraestructura impugnada, el dictamen indica que «se instala materialmente sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental sometida a la jurisdicción marítima de la Nación». Además, sostiene que la controversia excede lo técnico y se centra en la defensa de la soberanía nacional como bien colectivo indivisible, «que reviste la calidad de interés federal por antonomasia».
El CECIM, mediante un comunicado, calificó el dictamen como «un paso de enorme relevancia porque reconoce la dimensión federal, ambiental y soberana del conflicto planteado». La organización señaló que la soberanía «aparece jurídicamente vinculada con la protección del territorio, sus bienes naturales y el derecho colectivo de nuestro pueblo a decidir sobre ellos».
La magistrada dispuso otorgar intervención procesal a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a través de su Fiscalía de Estado, para resguardar sus intereses patrimoniales y ambientales, dado que el proyecto corresponde a territorio provincial según el artículo 1 de la Ley 23.775.
Asimismo, difirió la resolución sobre las medidas cautelares solicitadas e intimó a los querellantes a presentar en un plazo de 5 días una declaración jurada sobre la inexistencia de otros juicios idénticos, junto con traducciones oficiales y copias digitales de la documentación en lengua extranjera.
En paralelo, el juzgado federal 12, subrogado por el juez Julián Ercolini, recibió la denuncia penal del Gobierno nacional contra cinco empresas vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Fuentes judiciales indicaron que en las próximas horas se definirá si la causa permanece en Comodoro Py o se envía a Río Grande.