Organizaciones de derechos humanos y sectores políticos han presentado pedidos de juicio político contra el presidente Javier Milei, mientras se cuestiona un giro en la política sobre Malvinas y se advierte sobre el uso de la doctrina de seguridad nacional.
Desde inicios de 2024, organizaciones de derechos humanos y personalidades de la política y el movimiento social han presentado pedidos de juicio político contra el presidente Javier Milei y funcionarios de su gestión, invocando los artículos 53 y concordantes de la Constitución Nacional. Los pedidos se fundamentan en presunto mal desempeño e hipótesis de delitos cometidos en el ejercicio del cargo.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por Lilia Lemoine, no ha tenido reuniones orgánicas desde el 11 de diciembre de 2023 hasta la fecha, según denunciaron los solicitantes. Atribuyen esta inactividad a maniobras concertadas con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
En paralelo, el gobierno de Javier Milei ha adoptado un giro en su postura sobre la Cuestión Malvinas, que según sectores críticos contradice la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. El cambio ha generado sospechas sobre su autenticidad, en el contexto de una aprobación política en descenso y un plan económico que, según los pedidos de juicio político, ha provocado un creciente malestar social.
Los críticos señalan que la reaparición de la invocación de la seguridad nacional evoca la experiencia del denominado «proceso de reorganización nacional», que incluyó desapariciones forzadas y fusilamientos encubiertos. Sostienen que la Cuestión Malvinas podría utilizarse como un mascarón de proa para ocultar una política de aferrarse al poder.
Asimismo, se cuestiona que el presidente Milei haya elogiado al ex dictador Augusto Pinochet y a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, artífice de la Guerra de Malvinas. Estas declaraciones, junto con sus críticas a organismos internacionales, son vistas como contradictorias con un reclamo anti-colonialista sincero.
Los sectores democráticos han promovido la vía institucional del juicio político como canal constitucional para remover a quienes no cumplen con su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, invocando el artículo 36 de la C.N. sobre el deber de obediencia a la supremacía constitucional.
En cuanto a Malvinas, se propone la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento de la Cuestión Malvinas y Atlántico Sur, integrada según la proporcionalidad de ambas Cámaras, para que los representantes del pueblo ejerzan la titularidad de la soberanía. Se menciona la Resolución 1514 (1962) de la Asamblea General de la ONU, que desconoce el derecho de autodeterminación a poblaciones implantadas por ocupantes territoriales.
Los pedidos de juicio político y las críticas al giro en Malvinas se enmarcan en un contexto de creciente movilización social y cuestionamientos al plan económico del gobierno, que según los firmantes ha llevado a una pérdida de vida digna para el pueblo argentino.