El gobierno chileno desmintió versiones sobre un patrullaje conjunto en el Paso Drake y la Cámara de Diputados aprobó una interpelación al canciller. Seis excomandantes en jefe de la Armada y seis exministros de Defensa publicaron cartas en las que piden firmeza y advierten sobre el estado de las capacidades estratégicas.
El viernes, durante una gira por la Región de Los Ríos, el presidente de Chile, José Antonio Kast, desmintió al ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, quien había afirmado en una entrevista televisiva que ambas armadas realizan un «patrullaje combinado» en el Paso Drake y ejercicios conjuntos en Magallanes.
«Jamás en el Estrecho de Magallanes ha habido un patrullaje conjunto», declaró Kast. «Cualquier buque, cualquier bandera, tiene que solicitar que se suba un piloto chileno y dirija las maniobras de esa embarcación». Agregó: «El Estrecho de Magallanes es y será siempre chileno, y la soberanía está determinada, más allá de lo que diga cualquier persona».
El Ministerio de Defensa de Chile precisó que los únicos acuerdos de trabajo conjunto en la zona austral son la Patrulla Antártica Naval Combinada, estacional y en aguas internacionales, y el Ejercicio Viekarén, de búsqueda y rescate en el canal Beagle.
La reacción presidencial se produjo luego de una serie de declaraciones de militares y autoridades argentinas. El domingo 23 de agosto, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea argentina, general Gustavo Valverde, sostuvo en un podcast que «Magallanes, el sur, el Mar de Drake, todo eso es soberanía» y que era necesario hacer presencia allí por tratarse de «una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico». En abril, el contraalmirante Hernán Montero, jefe de Hidrografía Naval, había afirmado en otro podcast que la boca oriental del Estrecho era argentina.
Tras el episodio de agosto, la Cancillería chilena envió una nota de protesta y el canciller Francisco Pérez Mackenna recordó que la soberanía sobre la totalidad del Estrecho «se funda en los Tratados de 1881 y 1984». El 3 de septiembre, en Santiago, Kast y el presidente argentino Javier Milei firmaron un comunicado que ratificó ese régimen jurídico.
Tres días después, la senadora argentina Patricia Bullrich enumeró en Radio Mitre las prioridades estratégicas de su país e incluyó «el control del Atlántico Sur, del Estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida». El domingo 6 le escribió al embajador chileno en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte, para atribuir sus dichos a «una confusión de nombres»: había querido decir canal Beagle, y que el Estrecho pertenecía «en su totalidad a la hermana República de Chile». Ese mismo fin de semana, el canciller argentino Pablo Quirno aclaró que al hablar de un país «bicontinental y bioceánico», aludía a la ruta hacia la Antártida.
Una encuesta de la consultora Cadem del 6 de septiembre mostró que el 47% de los chilenos consideraba que Kast había manejado mal la controversia.
El 2 de septiembre, seis almirantes en retiro que fueron comandantes en jefe de la Armada chilena —Miguel Vergara, Rodolfo Codina, Edmundo González, Enrique Larrañaga, Julio Leiva y Juan Andrés de la Maza— publicaron una carta en El Mercurio en la que recordaron que algunos de ellos vivieron la crisis del Beagle, «que llevó a ambos países al borde de una guerra», y advirtieron que la Argentina «ha mantenido históricamente aspiraciones de proyección hacia el Pacífico». Cerraron con la frase: «La historia aconseja prudencia, pero también firmeza. Ya en 1978 Argentina declaró insanablemente nulo el Laudo Arbitral sobre el Beagle. Esa experiencia no debiera olvidarse».
Cuatro días después, seis exministros de Defensa de gobiernos de distinto signo, entre ellos Francisco Vidal, Mario Desbordes y Alberto Espina, publicaron una segunda carta en la que advirtieron que el financiamiento de las capacidades estratégicas se está tratando como una variable de ajuste fiscal. Vidal aclaró que el reclamo no era belicista: «Nuestra capacidad militar no es para ofender».
Gloria de la Fuente, subsecretaria de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Gabriel Boric, sostuvo que los episodios no pueden analizarse por separado. «Son demasiados los hechos acumulados», dijo.
El 5 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó por 57 votos contra 49 la primera interpelación a un ministro de la actual administración. El canciller Pérez Mackenna deberá responder el lunes 28 por los episodios con la Argentina.
Detrás del malestar hay un documento: el decreto 457, firmado en 2021 bajo la presidencia de Alberto Fernández, que aprobó la Directiva de Política de Defensa Nacional y menciona la «exploración, estudio y control conjunto del Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces», como se denomina en la Argentina al Paso Drake. Chile protestó por carta formal ese mismo agosto y el decreto sigue vigente, igual que el 256 de 2010, que los excomandantes de la Armada consideran incompatible con el Tratado de Paz y Amistad de 1984.
El senador Iván Moreira, vicepresidente del Senado y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, afirmó: «El presidente Milei ha reconocido el apoyo chileno a la Argentina en el tema Malvinas, sin que ese gesto solidario sea correspondido con un acto que solo depende de él, como es la derogación del decreto 457/2021. Es una omisión que nadie podría calificar de amistosa».
El 5 de septiembre, Moreira pidió al gobierno abandonar la prudencia y cerró su declaración con la frase: «Si al presidente Milei le gustan las arengas, respondámosle en su propio estilo: viva la libertad, viva nuestra soberanía y viva la dignidad de Chile, carajo».
Para Gilberto Aranda, analista internacional de la Universidad de Chile, el problema no fue el contenido de la respuesta chilena sino su demora. «Hubo una nota de protesta y un comunicado conjunto con una aclaratoria. Pero claramente ya no es suficiente, porque muchos sectores piden mayor fuerza para la enmienda o el reemplazo del decreto 457», explicó.
Mario Herrera, analista político de la Universidad de Talca, planteó que el endurecimiento del discurso cumple una función política interna: «Aunque estos efectos suelen ser solo de corto plazo, permitirían a Kast tener un respiro dados los malos resultados económicos y de opinión pública». Y agregó: «Las posiciones más duras de defensa ayudan a controlar el desangre en su propio sector. Una respuesta dura es lo que hoy esperan los electores de derecha más firme».
Aranda leyó la secuencia como una derivada de la doctrina Monroe, actualizada por la Estrategia de Defensa 2026 de Estados Unidos, que prioriza el dominio militar del hemisferio occidental. En ese esquema, Argentina y Colombia figuran como socios preferentes, se pide a los gobiernos elevar presupuestos de defensa y comprar material norteamericano.
Raúl Sohr, analista de defensa, afirmó: «En cuanto a capacidad militar, Chile hoy está por sobre la Argentina, es un hecho de la causa. Pero acá no importan tanto los fierros como la diplomacia».
En abril de 2024, la Argentina firmó la compra de 24 F-16 A/B MLU de segunda mano a Dinamarca por unos 300 millones de dólares. Los primeros seis llegaron a Río Cuarto el 5 de diciembre de 2025, otros seis se esperan a fines de este mes y el cronograma prevé completar las entregas en 2028. Chile opera 46 F-16 comprados a Estados Unidos y Holanda entre 2002 y 2011.
El Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas, creado por la ley 21.174 en reemplazo de la Ley Reservada del Cobre, debía recibir unos 500 millones de dólares al año y no recibió fondos en 2023 ni en 2024. Mario Desbordes, alcalde de Santiago, reclamó: «Lo que no puede pasar es que Chile siga postergando las inversiones que corresponden».
Moreira concluyó: «Chile es un país que apuesta por la paz, respetuoso del derecho internacional y no mantiene reclamos territoriales. Sin embargo, cada cierto tiempo nuestros vecinos nos plantean reclamos y disputas, por lo que es necesario mantener una capacidad disuasiva importante. Los chilenos estamos decididos a defender nuestra soberanía y nuestra dignidad».