El Fondo Monetario Internacional enviará una misión a la Argentina a partir del 21 de septiembre para retomar la tercera revisión del programa. La visita coincide con el debate del Presupuesto 2027 en el Congreso y con un vencimiento de US$ 806 millones el 25 de septiembre.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) enviará una misión a la Argentina la semana próxima para retomar la tercera revisión del programa. Los técnicos llegarán al país para monitorear los números de la economía, evaluar el avance de las reformas y conversar con funcionarios del Gobierno y con diferentes actores. «La misión llega el (lunes) 21», confirmaron fuentes oficiales.
La visita del staff —la segunda en el año— tendrá lugar después de la última reunión que mantuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, hace dos semanas en la cumbre financiera del G20 en Estados Unidos, donde Caputo recibió el apoyo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
Después de la misión de febrero, los técnicos se encontrarán con una inflación mensual más baja, un menor crecimiento y dificultades para reactivar la economía. También coincidirán con el debate en el Congreso del Presupuesto 2027, que será enviado este martes, y de los proyectos de desendeudamiento y emergencia en discapacidad.
El Fondo anunció el jueves en Washington la misión a partir del próximo 21 de septiembre y dijo que está monitoreando el aumento de las tasas de morosidad en los hogares en Argentina, aunque no considera que sea «un riesgo significativo para la estabilidad financiera», en medio de las presiones opositoras para aprobar proyectos de alivio a las familias.
La vocera del organismo, Julie Kozack, llamó a «profundizar esos mercados, ofrecer formas de canalizar el crédito y los ahorros». En su checklist, el organismo aguarda el avance de la reforma del Banco Central —algo que el gobierno resistía en la anterior revisión—, el Presupuesto 2027 y un borrador de la reforma tributaria en diciembre.
El Gobierno se comprometió con el FMI a un superávit de 1,4% del PBI en 2026 (desde el 2,2% original), una meta desafiante dada la caída sostenida de la recaudación. El FMI bajó su estimación de crecimiento del 4% a 3,5% en 2026 y prevé una inflación del 25%, cuando las consultoras esperan una expansión del 2% y un IPC del 30%.
A los pocos días del arribo del staff, Argentina afrontará el próximo 25 de septiembre un vencimiento con el Fondo por US$ 806 millones. Descontando desembolsos, los pagos netos al FMI suman US$ 1.128 millones hasta fines de 2026 y US$ 6.000 millones en 2027. Además, el año próximo vencen US$ 13.000 millones con acreedores privados.
Pasadas las «ventanas» de febrero y julio para volver a los mercados, Caputo apuesta a financiarse con más bonos, compra de reservas y privatizaciones. El Banco Central acumula más de US$ 14.000 millones en el año, pero cerró la semana pasada con un saldo positivo de solo US$ 42 millones, tocando mínimos de acumulación.
El FMI sigue con atención la disponibilidad de dólares. En su última visita al país, Georgieva negó la posibilidad de ampliar el fondeo y consideró que Vaca Muerta es una fuente clave para cumplir con los compromisos de deuda. Hace unos días, su staff pidió datos a las cerealeras sobre el impacto de El Niño sobre el ingreso de divisas.
Revisión del diseño de los programas
Previo a la auditoría, el directorio del Fondo se reunirá este lunes en Washington para revisar el diseño de sus programas. La convocatoria —la primera desde la pandemia del Covid-19— será clave para los países deudores, como la Argentina, ya que definirá las condiciones para recibir fondos, planes de contingencia y la apropiación o respaldo político y social.
Oxfam alertó días atrás que el FMI «exigió a los países endeudados que cuadrupliquen el tamaño de los recortes de austeridad en la última década al tiempo que debilitaba la protección del gasto social». «Lo que se defina mañana va a ser relevante para todas las próximas negociaciones de Argentina», dijo el exministro de Economía, Martín Guzmán.
Fuentes con llegada a Washington especulan que los cambios podrían apuntar a: 1) un endurecimiento de programas de ajuste fiscal (más rápidos), 2) limitar el respaldo político al compromiso del gobierno de turno de aplicar el programa y 3) permitir planes contingentes secretos, en medio de tensiones por el reciente acuerdo en Bolivia.
En una columna en Project Syndicate, Guzmán cuestionó el respaldo de políticas fiscales contractivas mientras el gobierno paga deudas al sector privado u otros acreedores, dijo que las regulaciones de la cuenta de capital tienen el rol de desalentar «flujos especulativos de carry trade» y que los acuerdos deberían contar con aprobación parlamentaria.