La Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados retomó el debate sobre dos proyectos de trazabilidad pesquera. Especialistas expusieron sobre la necesidad de un registro público de embarcaciones y acceso a la información del sector.
La industria de la pesca continúa siendo un motor económico en las provincias costeras de nuestro país, pero permanece vigente la necesidad de establecer un esquema de trazabilidad que pueda tener un registro de la producción desde su extracción hasta su comercialización, desestimulando la actividad ilegal, evitando la sobreexplotación de especies y garantizando los controles de calidad que permitan mejorar el estatus exportador el país. En Diputados, se retomó el debate por esta iniciativa.
Dos proyectos reanudaron una demanda vigente en la industria pesquera y sectores ambientalistas. Plantean que ayudará al comercio exterior y a evitar la pesca ilegal.
Ante ello, la Comisión de Intereses Marítimos volvió a reunirse la última semana, en donde están vigentes dos proyectos de la oposición para establecer mecanismos de trazabilidad, cuyos autores son Sabrina Selva (Unión por la Patria) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). “Resulta paradójico que muchas veces para conocer información básica sobre nuestra propia flota debamos recurrir a certificadoras, organizaciones internacionales o plataformas privadas”, señaló Ferraro en el encuentro, que también contó con presencia de especialistas.
El último registro de Índice de Producción Industrial pesquero, correspondiente a julio del 2026, expresó un incremento del 300,2% de la actividad en comparación al mismo mes del año pasado. El acumulado enero-julio de 2026 registra un aumento de 57,2% en relación a los primeros siete meses del 2025. Incluso, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 7,1% respecto al mes anterior.
Durante el debate en comisiones, Juan Coustet, coordinador de “Sin Azul No Hay Verde”, pidió llevar el debate a una nueva instancia porque “se trata de una herramienta técnica que abre mercados, con consumidores cada vez más exigentes que requieren más controles”. Para él, la trazabilidad es «una pieza importante en la transparencia pesquera porque en el país ni siquiera hay un registro público de embarcaciones. No sabemos qué barcos están autorizados para pescar, qué permisos tienen o quiénes son los dueños».
“No estamos ejerciendo soberanía sobre nuestros datos. Argentina vive muy de espaldas al mar, quizás porque solo cinco provincias tienen litoral marítimo, pero el mar es patrimonio cultural de todos”, sostuvo y añadió que «el consumidor tiene derecho de saber qué barco pescó lo que está comiendo, mediante qué métodos y que haya respetado toda una cadena de producción”.
Otra de las posturas que se conoció fue la de Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales, que advirtió que el Estado no solo administra los recursos marítimos, sino que también concentra y monopoliza la información necesaria para auditar el manejo de las licencias. «La participación ciudadana en la toma de decisiones en el sector pesquero es prácticamente nula», sentenció y pidió que las organizaciones civiles tengan acceso al Consejo Federal Pesquero.
Por su parte, el presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), Axel Otto Wöhler, compartió la importancia de establecer un esquema de trazabilidad, aunque dijo que en la práctica ya se implementa sin necesidad de una ley, dada «la posibilidad que tienen todas las empresas argentinas hace más de 50 años de poder exportar al exterior, cuando han incrementado las regulaciones en materia de trazabilidad que permiten o avalan la posibilidad de hacer esto bajo un riguroso cúmulo de normas que todos aquí bien conocen”.