La iniciativa AB 1633, aprobada por la Asamblea y el Senado estatal, espera la firma del gobernador Gavin Newsom. Establece un gravamen anual sobre los ingresos brutos de los operadores y destina los fondos a servicios de inmigración.
California avanzó con un proyecto de ley que busca establecer un nuevo impuesto sobre las empresas privadas que administran centros de detención de migrantes. La propuesta, identificada como AB 1633, fue impulsada por el asambleísta Matt Haney junto con otros legisladores, fue votada en la Asamblea y el Senado y ahora espera la decisión final del gobernador Gavin Newsom.
El impuesto del 25% a los centros de detención privados en California
La medida se denomina Ley de Impuestos a los Centros de Detención Privados y establece un esquema tributario dirigido a los operadores de estos establecimientos, sin importar si sus contratos corresponden a organismos federales, estatales o gobiernos locales.
La propuesta fija un impuesto anual equivalente al 25% de los ingresos brutos obtenidos por los operadores a partir de sus actividades en California. El gravamen comenzaría a aplicarse el 1° de julio de 2028 y volvería a imponerse cada 1° de julio.
El proyecto define el año fiscal como el período comprendido entre el 1° de julio y el 30 de junio del año siguiente. Los pagos deberán realizarse a más tardar el 31 de julio posterior al cierre de cada ejercicio y deberán estar acompañados por una declaración presentada electrónicamente.
La administración del nuevo régimen quedaría en manos del Departamento de Administración de Impuestos y Tasas de California (Cdtfa, por sus siglas en inglés). Esta dependencia también tendría facultades para establecer procedimientos relacionados con recaudación, declaraciones, devoluciones, cobros y apelaciones.
AB 1633: a qué se destinaría el dinero recaudado por el nuevo impuesto
La AB 1633 contempla la creación del Fondo de Debido Proceso para Todos en el Tesoro estatal, mediante una disposición incorporada al Código de Ingresos e Impuestos. Allí se depositaría el dinero obtenido mediante el gravamen, una vez descontados los reembolsos y los costos administrativos asociados con la recaudación.
Los recursos no quedarían disponibles automáticamente para cualquier finalidad. El texto establece que deberán ser asignados por la Legislatura antes de utilizarse y que su destino será el financiamiento de servicios relacionados con la inmigración.
El proyecto también incluye una disposición vinculada con otra iniciativa legislativa, la AB 2465. En caso de que esa norma sea promulgada, cambiaría la referencia legal utilizada para el depósito de los recursos, aunque se mantendría el destino hacia el Fondo de Debido Proceso para Todos.
Mientras que la AB 1633 impone un gravamen directo sobre los ingresos brutos de los operadores atribuibles a California, la AB 2465 prohíbe que las empresas que poseen, operan, invierten o prestan servicios a estos centros reciban subvenciones, préstamos o créditos fiscales del estado. Ambos proyectos canalizan sus recursos hacia la financiación de servicios legales y programas de apoyo a inmigrantes.
Qué deberán hacer los operadores de centros privados de detención en California
Los establecimientos alcanzados por la normativa deberán registrarse ante el Cdtfa según los mecanismos que determine el organismo. El trámite podrá realizarse mediante sistemas electrónicos y deberá incluir información sobre la actividad comercial desarrollada.
Entre los datos exigidos figurarían el nombre utilizado por el operador para realizar sus actividades y cualquier otra información que solicite el departamento. La solicitud de inscripción también tendrá que ser autenticada mediante los procedimientos definidos por la autoridad tributaria.
Además del registro, los operadores deberán cumplir con las obligaciones fiscales establecidas por la nueva normativa. El departamento tendrá capacidad para dictar regulaciones destinadas a controlar su aplicación y, cuando corresponda, establecer reglamentos de emergencia.
AB 1633: qué falta para que Newsom convierta el proyecto en ley
El proyecto ya superó las etapas legislativas principales, incluidas las discusiones en comisiones y las votaciones en ambas cámaras. Tras ese proceso, el texto legislativo fue enviado formalmente al gobernador Gavin Newsom.
Por el momento, la iniciativa permanece en estado de proceso y necesita la aprobación del mandatario estatal para completar su recorrido y convertirse en ley. Si Newsom lo firma, la ley entraría en vigor de inmediato por tratarse de una norma tributaria, pero el impuesto del 25% comenzaría a aplicarse el 1° de julio de 2028.