El juez Martín Cormick otorgó un plazo de cinco días al Poder Ejecutivo para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, afirmó que existe una decisión política de no cumplir la norma y detalló el impacto presupuestario.
La Justicia otorgó al Gobierno un plazo de cinco días para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue dispuesta por el juez Martín Cormick, quien rechazó el escrito presentado por el Poder Ejecutivo en el que sostenía que estaba aplicando la norma.
En declaraciones al programa Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (AM 1190), Emiliano Cagnacci, sociólogo, docente universitario y secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), se refirió a la intimación judicial y a la situación del financiamiento del sistema universitario.
«Creemos que es un paso positivo en función de que en la Argentina hace más de 40 años decidimos vivir en democracia, y en democracia es discutir los problemas que tenemos. No puede ser que haya un Gobierno que decida arbitrariamente qué ley cumple y qué ley no», sostuvo Cagnacci.
El dirigente gremial indicó que la Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso, ratificada tras el veto presidencial y publicada en el Boletín Oficial. Además, mencionó que la Corte Suprema emitió una cautelar que dejó en pie los artículos 5 y 6 de la norma, referidos a la actualización de salarios y becas estudiantiles.
Consultado sobre el monto de la multa que el juez aplicaría en caso de incumplimiento, Cagnacci respondió: «En el fallo no está estipulado cuál es la sanción en términos monetarios».
Respecto del impacto presupuestario de los artículos 5 y 6, el secretario general de ADUBA señaló que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que representan un 0,23% del presupuesto nacional. «Estamos hablando de una cuestión ínfima y, así y todo, el Gobierno tomó la decisión política de no hacerlo», afirmó.
En cuanto a la recomposición salarial pendiente, Cagnacci explicó que, según el acta paritaria firmada el 10 de junio, el Gobierno otorgó un aumento total del 24,3%. «Si uno toma lo que hizo el propio Gobierno, que fue presentarse en la Justicia para decir que este porcentaje es en función del cumplimiento de la ley, todavía en ese retroactivo a diciembre de 2023 falta alrededor de 32,33 puntos», detalló.
Sobre las becas estudiantiles, mencionó que la Beca Progresar se mantiene en 35.000 pesos de bolsillo, el mismo monto que en 2023. «El artículo sexto de la ley establece la actualización de las becas», recordó.
El dirigente también se refirió a las prioridades presupuestarias. Señaló que el presupuesto votado para este año asigna 80.000 millones de pesos a los hospitales universitarios de todo el sistema. En contraste, mencionó que durante el año pasado a una sola empresa se le dejaron de cobrar 140.000 millones de pesos en beneficios impositivos. «Es una cuestión de prioridades», concluyó.
Cagnacci advirtió que, si el Gobierno no cumple con la intimación, habrá una sanción directa a los funcionarios. «Esperamos que esta vez sí se cumpla con la ley», manifestó.