Un grupo de internos del pabellón 1 de la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Bonaerense radicó una denuncia en la que afirma que otros reclusos entregaron equipamiento del gimnasio a autoridades del penal a cambio de continuar con la venta de drogas intramuros.
Un grupo de presos del pabellón 1 de la Unidad 31 de Florencio Varela, perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), presentó una denuncia judicial contra otros reclusos, identificados como «La Comitiva», por sustraer equipamiento del gimnasio y entregarlo a autoridades del penal. Según el escrito, el hecho habría sido realizado a cambio de permitir la continuidad de la venta de drogas dentro del establecimiento.
La presentación fue radicada ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 9 de Florencio Varela. En el documento, los denunciantes calificaron el hecho como de «extrema gravedad» y detallaron que los objetos sustraídos habían sido comprados por los propios internos.
La denuncia menciona como integrantes de «La Comitiva» a Ángel Alberto Segovia González (segundo jefe), Brian Leonel Funes (alias «Motito»), Antonio Agustín Romero Ramua (primer jefe), Hernán Ariel Gómez (tercer jefe), Cristian Gabriel Abregú, Norberto Tortorella, Miguel Aquino Barraza y Jonathan Sebastián Giuliani Pérez. Asimismo, involucra al personal jerárquico José Othasegui (director del Penal), Ruth Fernández (alcaide mayor), Luciano Díaz (alcaide mayor) y Mauricio Etchegaray (prefecto mayor).
Según el texto, los denunciados habrían intercambiado el equipo completo del gimnasio del pabellón 1 para «continuar y seguir garantizando la continuidad del narcotráfico intramuros, reducción a la servidumbre (principalmente a disposición del Servicio Penitenciario), cohecho y maniobras compatibles con pago de coimas».
El escrito enumera los elementos faltantes: cuatro discos de 20 kilos, dos discos de 15 kilos, cuatro discos de 10 kilos, ocho discos de 5 kilos, cuatro discos rojos de 5 kilos, dos discos plásticos rojos de 2,5 kilos, dos discos rojos de 1,5 kilos, cuatro pesas rusas de 7, 9, 10 y 12 kilos, una barra mediana negra de 1,20 metros, una barra olímpica hexagonal, una barra olímpica romana, una barra grande de 1,70 metros, una barra olímpica W (curva) de 1,5 metros, 20 unidades topes regulables para barra, una máquina multigimnasio con 50 kilos reforzado, dos mancuernas de caucho negras de 12,5 kilos, dos mancuernas de caucho negras de 15 kilos, dos mancuernas de 5 kilos, dos mancuernas de 10 kilos de caucho rojas, ocho barras de mancuernas a rosca, dos ruedas para abdominales, un banco tabla de abdominales negro, cuatro mancuernas rojas de un kilo cada una, dos bolsas de 1,20 metros de 30 kilos, sacos de boxeo (uno negro y uno azul), dos sogas para saltar negras Gym (Everlast) de boxeo de 2,7 metros, dos colchonetas para gimnasia negras de 2 metros por 1,20 metros, dos colchonetas azules de 1,20 metros por 0,75 centímetros, una bicicleta fija gris de 15 kilos, dos mancuernas plásticas de agua negras de 2 kilos, dos mancuernas plásticas de agua negras de 5 kilos y seis tobilleras de 2 kilos cada una.
Los denunciantes afirmaron que «todo lo detallado fue canjeado para poder seguir con el narcotráfico intramuros. Seguirían prácticamente con el mismo modus operandi». Además, sostuvieron que la sustancia sería traída por los nuevos puestos de mando e ingresada al penal a través de las parejas de algunos miembros de «La Comitiva», con la autorización y connivencia de los funcionarios carcelarios.
En la presentación, los reclusos señalaron que los denunciados «siguen extorsionando a los demás internos del Pabellón 1, obligando a dejar la mitad de la mercadería que trae la familia con tanto sacrificio, obligando a pagar un peaje por pasar a la pieza a tener intimidad, y cobrando las mesas del sector de visitas».
Los presos solicitaron que se ordene el allanamiento urgente del Pabellón 1, la oficina de requisa y el sector de descanso del grupo GIE, lugares donde se encontraría el equipo del gimnasio. También pidieron que se investigue el destino del equipamiento y el patrimonio del personal mencionado, que se intervengan las visitas de Romero, Segovia, Gómez y Funes, y que se disponga el traslado inmediato y por separado de «La Comitiva» por la seguridad del resto de la población carcelaria.
Asimismo, solicitaron que se investigue penalmente al personal jerárquico Ruth Fernández, Luciano Díaz, Mauricio Etchegaray y José Othasegui por incumplimiento de deberes de funcionario público y connivencia con el comercio de narcotráfico intramuros.
Las denuncias contra este grupo de reclusos y contra los jefes del penal ya venían siendo presentadas desde hace meses y en las últimas semanas hubo allanamientos por parte de la DDI de la Policía Bonaerense. No obstante, los privados de su libertad que hicieron la presentación judicial afirmaron que los sospechados «habían sido advertidos seis horas antes por parte de los jefes del Penal y estos por intermedio de la Justicia» de la llegada de la fuerza provincial a la Unidad 31.
Los reclusos reiteraron el pedido de que estas denuncias sean investigadas por alguna Fiscalía de Quilmes, ya que denunciaron que «hay comunicación fluida entre la UFI 9 y los jefes de la prisión».