La Organización de los Estados Americanos aprobó por unanimidad una resolución que insta al gobierno de Nicaragua a restablecer el espacio cívico, liberar a presos políticos y garantizar derechos humanos. La iniciativa fue presentada por ocho países y contó con la oposición inicial de Brasil, México y Uruguay.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución que exige al gobierno de Nicaragua restablecer el espacio cívico, poner fin a las represalias y garantizar el pleno respeto de las libertades y derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según informó el organismo.
La resolución fue presentada por Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana. Durante las negociaciones, Brasil, México y Uruguay manifestaron su oposición a las disposiciones que, según alegaron, afectaban el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países. Tras una negociación, la resolución fue aprobada por unanimidad.
El texto exige al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo las siguientes medidas:
- Restablecer el espacio cívico, poner fin a las represalias y garantizar el pleno respeto de las libertades y derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos aplicables a Nicaragua.
- Poner en libertad de forma incondicional a todos los presos políticos y divulgar el paradero y el estado de todas las personas desaparecidas de forma forzada.
- Restaurar la nacionalidad, el acceso a los registros civiles y todos los derechos relacionados a todas las personas despojadas arbitrariamente de su nacionalidad, y permitir su regreso seguro y voluntario sin temor a represalias, incluidos, entre otros, líderes religiosos, clérigos y laicos, periodistas y defensores de derechos humanos.
- Restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica; permitir que los medios de comunicación independientes, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, las personas empresarias y otras organizaciones del sector privado disueltas reanuden sus actividades; restablecer su estatuto jurídico y recuperar sus instalaciones, bienes y otros activos.
- Restablecer la independencia de las instituciones estatales, la separación de poderes, el pluralismo político, incluyendo mediante la revocación de aquellas disposiciones constitucionales y legales aprobadas, especialmente en 2025 y 2026, que subviertan la independencia de las instituciones estatales, la separación de poderes, el pluralismo político o los derechos protegidos internacionalmente, y la toma de medidas concretas para restaurar esas garantías.
- Establecer las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas, entre otras cosas, mediante el restablecimiento de los derechos políticos, una administración electoral independiente y una observación electoral internacional creíble.
- Proporcionar recursos efectivos, de acuerdo con el debido proceso, respecto a propiedad y bienes confiscados arbitrariamente a individuos, empresas, organizaciones, instituciones religiosas, medios de comunicación e instituciones académicas nicaragüenses y extranjeras, priorizando la restitución o, cuando no sea posible, proporcionando una compensación adecuada y efectiva.
- Interrumpir actividades que se desarrollen con apoyo internacional, en materia de seguridad, suministro de tecnología y de intercambio de información que faciliten la vigilancia, la represión interna o violaciones de derechos humanos, y no permitir la presencia de personal internacional asociado con actividades ilícitas en este contexto que impacten los derechos humanos y la estabilidad.
La resolución fue aprobada en el marco de una sesión de la OEA. Hasta el momento, el gobierno de Nicaragua no emitió declaraciones públicas sobre la resolución.