El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura presentó un informe que integra datos de las 24 jurisdicciones del país. La tasa de mortalidad en dependencias policiales duplicó a la de establecimientos penitenciarios en 2024.
El Registro Nacional de Muertes Bajo Custodia, elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), contabilizó al menos 1.716 fallecimientos en cárceles, comisarías y durante operativos de fuerzas de seguridad entre 2022 y 2024. El informe integra por primera vez datos de las 24 jurisdicciones del país.
Del total de personas fallecidas, el 94% fueron varones, el 4% mujeres y el 0,5% personas trans. En el ámbito penitenciario, la edad promedio fue de 47 años, aunque el 36% tenía menos de 40 años. En la población general, ese rango etario representó el 4% de las muertes en el mismo período.
«Con los datos pudimos advertir que la tasa muerte, tanto por enfermedad como por suicidios y agresiones, es mucho más elevada dentro de las cárceles y comisarías que fuera de las mismas, a pesar de que debería existir mucho más control y seguimiento en el contexto de encierro», declaró a PERFIL Gustavo Palmieri, comisionado del CNPT.
En enfermedades infecciosas, la tasa de fallecimientos bajo custodia es del doble y casi 10 veces mayor en tuberculosis. En suicidios y agresiones, la tasa se multiplica por cinco.
En 2024, la tasa de mortalidad en dependencias policiales fue de 6,4 muertes cada mil personas detenidas, frente a 3,4 cada mil en establecimientos penitenciarios. El CNPT señaló que la población bajo custodia policial se mantuvo estable mientras la tasa de mortalidad aumentó. Las intervenciones de fuerzas de seguridad en la vía pública registraron al menos 389 muertes entre 2022 y 2024.
«En línea con estándares internacionales de derechos humanos (como el Protocolo de Minnesota y las Reglas Mandela), estas muertes deben ser consideradas potencialmente ilícitas y requieren investigaciones diligentes, independientes y exhaustivas», sostuvo el informe.
El registro se elaboró con datos de organismos ejecutivos y judiciales, organizaciones locales de prevención de la tortura, registros administrativos, expedientes judiciales, certificados de defunción e información de familiares, personas detenidas y monitoreos de medios. Se incluyeron fallecimientos en establecimientos, traslados a centros de salud y en la vía pública.
La tasa nacional promedio de mortalidad penitenciaria para 2022-2024 fue de 3,3 muertes cada mil personas privadas de libertad. Tucumán registró 8,7; Misiones, 5; La Rioja, 4,8; Formosa, 4,5; Corrientes, 4,1; Chaco y Entre Ríos, 4. Chubut tuvo 0,7; Catamarca, 1,4; y Salta, 1,6.
En términos absolutos, Buenos Aires concentró 562 fallecimientos penitenciarios: 461 por enfermedades, 85 por causas externas y 16 desconocidas. Córdoba registró 87, con 41 por enfermedades y 32 por causas externas. Santa Fe contabilizó 87, con 47 causas externas y 31 enfermedades. En el ámbito federal hubo 111 muertes: 68 por enfermedades y 42 por causas externas.
Buenos Aires tuvo la tasa más alta de mortalidad por enfermedades, con 3 muertes cada mil personas privadas de libertad. Tucumán combinó 2,7 por enfermedades y 4,2 por causas externas, la mayor del país. Otras tasas elevadas por causas externas: La Rioja, 2,8; Neuquén, 2,4; San Luis, 2,1; y Misiones, 1. En Neuquén y San Luis más del 60% de las muertes penitenciarias fueron por causas externas. También superaron la mitad en Jujuy, La Rioja, Mendoza y Santa Fe.
Las enfermedades fueron la principal causa de muerte en encierro, con 731 fallecimientos entre 2022 y 2024, la mayoría en establecimientos penitenciarios. Un total de 338 casos fueron enfermedades no especificadas. Entre las identificadas: infecciosas y parasitarias, 112; circulatorias, 85; cáncer, 65; y respiratorias, 64. El informe advirtió que la calidad de la información limita determinar con precisión la enfermedad y señaló la presencia de tuberculosis y VIH.
Las causas externas sumaron 805 fallecimientos, principalmente en comisarías e intervenciones de fuerzas de seguridad. Las agresiones fueron la principal categoría, con 413 casos (51,3%). Le siguieron suicidios, con 205 (25,5%); causas no determinadas, 134; y siniestros, 53. En intervenciones de fuerzas de seguridad, ocho de cada diez fallecimientos involucraron armas de fuego.
Los suicidios sumaron 65 en 2022, 62 en 2023 y 78 en 2024. El informe indicó que se concentran entre personas jóvenes y advirtió sobre los primeros momentos de detención, el aislamiento y las crisis de salud mental.
Se identificaron 134 muertes de causa no determinada: 63 en establecimientos penitenciarios, 48 en dependencias policiales y 23 en intervenciones de fuerzas de seguridad. Hubo casos en 22 de las 25 jurisdicciones. Entre fallecimientos en encierro con información parcial, el CNPT identificó 17 muertes por asfixia por ahorcamiento, en su mayoría en dependencias policiales y durante los primeros días de detención.
De los 337 fallecimientos por agresiones en la vía pública, en al menos el 81% se informó participación directa de agentes de fuerzas policiales y de seguridad. En 103 casos, el agente estaba fuera de servicio e intervino ante situaciones sospechadas como delictivas. De las 337 muertes por agresiones, 307 involucraron armas de fuego. En 133 casos (43%) de muertes por armas de fuego, el agente interviniente estaba fuera de servicio. Se identificaron al menos 38 fallecimientos durante persecuciones en la vía pública.
La mayor cantidad de muertes por agresiones con participación de agentes correspondió a la Policía de la provincia de Buenos Aires, con 168 casos; seguida por fuerzas federales, 62; Policía de la Ciudad de Buenos Aires, 54; y Policía de Córdoba, 10.
El CNPT advirtió que el fenómeno puede estar subregistrado. La información sobre investigaciones judiciales no siempre permite reconstruir las circunstancias y algunas jurisdicciones no cuentan con relevamientos permanentes. El organismo considera que los datos son una primera aproximación a la letalidad vinculada con intervenciones de fuerzas de seguridad.
«Los datos que presentamos son fundamentales para poder trabajar tanto la prevención de estas muertes en el escenario de encierro como sobre estos fenómenos de prevención de enfermedades, suicidios y violencia a nivel general», concluyó Palmieri.