La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la actualización de los embargos contra exdirectivos y empleados del BNP Paribas, con montos individuales de hasta $31.233 millones y un total que asciende a unos $303.000 millones. Además, rechazó los planteos de las defensas para cuestionar las medidas por el paso del tiempo y la duración del proceso, en una de las principales investigaciones por presunto lavado de dinero vinculadas al sistema financiero argentino.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la actualización de los embargos contra exdirectivos y empleados del BNP Paribas, con montos individuales de hasta $31.233 millones y un total que asciende a unos $303.000 millones. Además, rechazó los planteos de las defensas para cuestionar las medidas por el paso del tiempo y la duración del proceso, en una de las principales investigaciones por presunto lavado de dinero vinculadas al sistema financiero argentino.
La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Los magistrados rechazaron los recursos contra la actualización de los embargos dispuesta en mayo de este año por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 6, donde el expediente se encuentra elevado a juicio.
La causa comenzó formalmente en 2009 y tiene 14 imputados, procesados por presunta asociación ilícita y lavado de activos agravado por habitualidad y por formar parte de una asociación. Según la investigación, la operatoria habría funcionado desde una oficina de banca privada de la sucursal argentina del BNP Paribas durante ocho años.
Cómo se distribuyen los embargos contra los exdirectivos del BNP Paribas
Los montos de las medidas cautelares varían según los grupos de imputados. Philippe Yves Henri Joannier y Christian Armand Augustin Abeillon quedaron alcanzados por embargos de $31.233 millones cada uno, mientras que Christian Marie François Giraudon y Michel Michael Basciano tienen medidas por aproximadamente $24.987 millones por persona.
Para el resto de los acusados, los embargos se fijaron en alrededor de $18.740 millones por imputado. La suma total de las medidas asciende a unos $303.000 millones, equivalente a casi US$ 200 millones.
La actualización fue solicitada en mayo por el Ministerio Público Fiscal, con el respaldo de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la adhesión del Banco Central (BCRA), que interviene como querellante. El objetivo fue evitar que la inflación y la depreciación del peso redujeran el valor de las garantías judiciales establecidas años atrás.
Los embargos originales se habían dispuesto en 2016, luego de los procesamientos. En 2019, Casación había fijado los criterios para calcularlos sobre una base de US$33,3 millones y con el valor histórico del dólar correspondiente a la época de los hechos. Sobre esa metodología se habían establecido montos nominales que permanecieron vigentes durante más de seis años.
El Tribunal Oral Federal N.º 6 resolvió actualizar las cifras mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las defensas cuestionaron esa decisión por considerar que modificaba criterios de cálculo ya establecidos, que las sumas resultaban desproporcionadas y que la medida podía convertirse en una suerte de pena anticipada.
Sin embargo, Casación distinguió entre modificar el método de cálculo y actualizar una suma para preservar su valor. Borinsky sostuvo que se trata de operaciones diferentes, mientras que Hornos advirtió que rechazar la actualización en un contexto inflacionario implicaría permitir que la garantía judicial perdiera eficacia con el transcurso del tiempo.
La operatoria que investiga la Justicia desde 2009
La hipótesis de la fiscalía sostiene que, entre 2000 y 2008, una oficina de Clientela Privada Internacional que funcionaba en la sede del banco, en Leandro N. Alem 855, habría captado clientes con fondos no declarados ante el fisco para colocarlos y administrarlos en el exterior.
Según la acusación, para canalizar el dinero se utilizaron sociedades constituidas en otros países que funcionaban como intermediarias antes de que los fondos llegaran a sucursales del grupo bancario en Suiza, Luxemburgo, Miami, Panamá y Bahamas. La estructura habría operado al margen de los controles del Banco Central y de otros organismos del sistema financiero.
El Ministerio Público Fiscal estimó en más de US$ 1.000 millones el volumen global de fondos que habría circulado a través de ese esquema durante el período investigado. Esa cifra corresponde a las operaciones concretas delimitadas en el expediente, después de excluir tres hechos que habían sido resueltos por ausencia de delito.
La investigación alcanzó a exautoridades de la sucursal argentina y a asesores financieros vinculados con el funcionamiento de la oficina. Entre los principales acusados se encuentran Joannier, director general hasta 2006; Giraudon, su sucesor hasta 2008; Abeillon, quien se desempeñó como director administrativo; y Basciano, que ocupó luego ese cargo.
Una causa de más de 17 años que todavía espera el juicio oral
Otro de los puntos discutidos fue la duración del proceso. Las defensas argumentaron que el paso del tiempo volvía arbitrarias las medidas cautelares y cuestionaron que sus representados debieran continuar sometidos a un expediente de esta extensión. También sostuvieron que 21 de los 23 hechos mencionados en sus planteos habían sido archivados o desestimados en otras actuaciones judiciales.
Casación rechazó esos argumentos y consideró que no se había acreditado una correspondencia concreta entre aquellos expedientes y los hechos que se juzgan en esta causa. Para los jueces, la complejidad de la investigación, la cantidad de imputados y la actividad recursiva desarrollada durante las distintas instancias debían ser consideradas al analizar el tiempo transcurrido.
El fiscal ante Casación, Raúl Pleé, pidió además que se encomiende al tribunal oral avanzar con la realización del debate. Por el momento, el juicio todavía no tiene fecha, pese a que el expediente ya se encuentra en esa etapa.
El futuro de la causa también depende de una discusión pendiente en la Corte Suprema. En 2023, el Tribunal Oral Federal N.º 6 había homologado un acuerdo de reparación integral que buscaba cerrar el proceso sin llegar al juicio oral. Sin embargo, Casación revocó esa decisión y concedió los recursos extraordinarios presentados por las defensas, que aún esperan una resolución del máximo tribunal.