El proyecto de reabrir la ruta marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas generó un cruce entre legisladores argentinos y chilenos. Un diputado argentino presentó una iniciativa para retirar beneficios económicos a empresas chilenas, mientras legisladores del Partido Republicano de Chile rechazaron la propuesta y reclamaron una respuesta diplomática.
El proyecto de reabrir la ruta marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas provocó un cruce entre legisladores argentinos y chilenos por una propuesta para retirar beneficios económicos y fiscales a empresas del país vecino. El diputado nacional Guillermo Michel presentó una iniciativa para denunciar dos acuerdos bilaterales vigentes como respuesta al restablecimiento del servicio. Legisladores del Partido Republicano de Chile, la fuerza política del presidente José Antonio Kast, rechazaron la propuesta y reclamaron una respuesta diplomática de Santiago.
El Danstar, un buque de bandera chilena perteneciente a Easter Island Naviera, prepara su primer viaje hacia las Malvinas para noviembre o los primeros días de diciembre, con mercadería destinada al abastecimiento del archipiélago. La conexión busca recuperar el servicio marítimo entre la ciudad chilena y las islas, mediante un acuerdo con la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland (FIDC). La embarcación transportaría alimentos, materiales de construcción y otros insumos, y ofrecería una alternativa a los envíos de mercadería que actualmente parten desde Montevideo.
El biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, defendió públicamente la iniciativa y sostuvo que el Estado debe garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades comerciales privadas. Durante una entrevista con TVN, el funcionario rechazó que las diferencias con Buenos Aires deban impedir las operaciones económicas de empresas chilenas. «Nosotros vemos con buenos ojos cualquier comercio de chilenos, y si tiene que ser con las Malvinas y se puede hacer, que se haga», afirmó.
El Congreso chileno pidió a Kast priorizar los intereses nacionales
El 6 de octubre, cuatro días antes de que Michel difundiera su propuesta, la Cámara de Diputados de Chile aprobó siete resoluciones para reforzar la defensa del Estrecho de Magallanes y la presencia estatal en la zona austral. La sesión había sido convocada a raíz de declaraciones de altos mandos militares argentinos sobre la importancia estratégica de esos territorios, que generaron cuestionamientos en Santiago. Los pronunciamientos no son vinculantes para el Ejecutivo chileno y tampoco constituyen una autorización específica para la navegación del Danstar.
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La resolución que reafirma la vigencia de los tratados limítrofes entre ambos países obtuvo 100 votos a favor y una abstención. Otro de los pronunciamientos solicitó que Kast anteponga los intereses nacionales de Chile a su afinidad política con el presidente Javier Milei, una propuesta que recibió 60 votos favorables, 31 negativos y nueve abstenciones. Los diputados también reclamaron mayores inversiones para la zona austral, el fortalecimiento de las capacidades militares y gestiones para modificar el Decreto argentino 457/2021, cuestionado por sus referencias al Estrecho de Magallanes y al Pasaje de Drake.
La propuesta argentina para retirar beneficios a empresas chilenas
El diputado Guillermo Michel, del peronismo entrerriano, presentó el 10 de octubre un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo argentino denuncie dos acuerdos económicos vigentes con Chile. La iniciativa alcanza al Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones, aprobado por la Ley 24.342, y al Convenio para Eliminar la Doble Imposición sobre la Renta y el Patrimonio, establecido mediante la Ley 27.274. La terminación de esos instrumentos podría modificar las garantías para las inversiones y el tratamiento tributario de determinadas operaciones de empresas chilenas en Argentina, aunque la propuesta todavía debe atravesar el tratamiento legislativo correspondiente.
«La posición es muy clara, si Chile quiere hacer negocios con los isleños, no le demos beneficios económicos nosotros a sus empresas acá», afirmó Michel en declaraciones a Infobae. El legislador defendió la propuesta como una medida de reciprocidad y sostuvo que el apoyo logístico desde Chile tiene un papel importante en el abastecimiento de las islas, tanto por las conexiones aéreas existentes como por la nueva ruta marítima. También aclaró que su iniciativa no pretende interrumpir las relaciones diplomáticas entre ambos países. Por el momento, el proyecto no tiene efectos sobre los tratados vigentes.
La propuesta generó críticas entre diputados del Partido Republicano de Chile, la fuerza política de Kast. Stephan Schubert, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, la calificó de «bastante irresponsable» y pidió aclarar si representa una posición oficial del Gobierno argentino o solamente el planteo de un legislador. Por su parte, Álvaro Carter, titular de la Comisión de Defensa Nacional, consideró que retirar los beneficios constituiría una «agresión directa a la estabilidad jurídica» y a los acuerdos económicos entre ambos países. La diputada Catalina Del Real también cuestionó la iniciativa y reclamó que la Cancillería chilena presente una protesta diplomática formal.
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Legisladores argentinos también cuestionaron la posibilidad de que la nueva ruta marítima facilite el abastecimiento de proyectos petroleros británicos en Malvinas. El Gobierno de Milei mantiene una disputa con el Reino Unido por el proyecto Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en aguas cuya soberanía reclama Argentina. Hasta el momento, no se confirmó públicamente que el Danstar vaya a transportar insumos destinados a esas operaciones, aunque esa posibilidad figura entre las preocupaciones expresadas por sectores argentinos.
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El 29 de septiembre, un grupo de legisladores argentinos envió una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para solicitar que sus puertos, aeropuertos e instalaciones no fueran utilizados para facilitar la explotación de recursos naturales en los territorios reclamados por Argentina. Los firmantes invocaron la Resolución 2065 de Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. También citaron la Resolución 31/49, que insta a las partes a evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras continúe el proceso de negociación recomendado por la ONU.
El canciller Pablo Quirno buscó reducir la tensión y destacó la relación que mantiene la administración de Milei con el Gobierno chileno. En declaraciones a A24, aseguró que Argentina no había recibido una notificación oficial sobre la navegación del Danstar y advirtió que existen sectores interesados en generar enfrentamientos entre ambos países. «No tenemos intención de abordar, no tenemos intención de atacar», afirmó el funcionario, quien aseguró que el Gobierno actúa por vías pacíficas y diplomáticas. Hasta el momento, el Ejecutivo argentino no anunció medidas para impedir la salida del buque desde Punta Arenas.
DCQ