El Gobierno argentino presentó una denuncia ante el Tribunal del Mar de Hamburgo contra el proyecto Sea Lion, lo que generó una respuesta británica que calificó al país como «socio no confiable». El vínculo diplomático atraviesa uno de sus momentos más complejos desde 1982.
El vínculo bilateral entre Argentina y Gran Bretaña atraviesa uno de sus períodos más complicados desde la guerra de 1982, con la soberanía de las Islas Malvinas como marco de referencia y la explotación de recursos naturales por parte de un consorcio británico-israelí como origen del conflicto actual.
El Gobierno de Javier Milei presentó una denuncia ante el Tribunal del Mar de Hamburgo contra el proyecto Sea Lion. La respuesta británica incluyó el aval explícito a las tareas de esas empresas y la definición de la Argentina como «socio no confiable».
En las próximas semanas, la relación enfrentará desafíos como el inicio formal del comercio marítimo entre Malvinas y la localidad chilena de Punta Arenas.
Desde la Cancillería argentina, que encabeza Pablo Quirno, afirmaron: «Están tratando de presentarnos como los malos de la película, es su estrategia». Esto surgió luego de versiones periodísticas según las cuales el gobierno británico pidió a Interpol que no tome en cuenta eventuales pedidos del Gobierno para penalizar a compañías y empresarios vinculados al proyecto Sea Lion. El Gobierno niega haber realizado esa presentación, aunque el proyecto de defensa de la soberanía nacional enviado al Congreso incluye sanciones para las empresas británicas y aquellas que «colaboren» con la logística para la explotación de recursos.
La subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar del Reino Unido, Uma Kumaran, declaró ante el parlamento británico: «Quiero ser absolutamente clara: este Gobierno no se quedará de brazos cruzados mientras Argentina ejerce coacción económica contra los habitantes de las islas Malvinas. Haremos todo lo necesario para apoyarlos». Además, sostuvo: «Lo que resulta especialmente decepcionante es el descarado intento del presidente Milei de utilizar a los habitantes de las islas Malvinas como una especie de instrumento político de cara a las elecciones que se celebrarán en Argentina el próximo año». Y agregó: «No permitiremos que los habitantes de las islas Malvinas sean utilizados como una herramienta de la política interna argentina».
Según pudo saber LA NACION, en Londres cayó mal un tuit del asesor presidencial Santiago Caputo, quien afirmó que la «recuperación» de las Islas Malvinas es urgente, ya que, estimó, «el Reino Unido está siendo colonizado por el Islam», lo que implica «un riesgo inminente para la causa de Occidente». El posteo fue replicado por el propio Presidente. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, que responde a Caputo, fue la encargada de defender en el Congreso el proyecto de soberanía nacional.
Desde la oposición, el excanciller Santiago Cafiero afirmó: «Desde que asumió este gobierno advertimos que su política exterior iba a debilitar la posición argentina sobre Malvinas. La admiración de Milei por (Margaret) Thatcher, las declaraciones de la excanciller Diana Mondino sobre la autodeterminación de los kelpers, la visita del ex primer ministro David Cameron a las islas y el acuerdo Mondino-Lammy fueron funcionales a los intereses británicos». Y agregó: «Se reactivó el proyecto petrolero Sea Lion, que había enfrentado las sanciones de los gobiernos peronistas. Ahora el Gobierno corre desde atrás, agitando la bandera de una soberanía que no supo defender».
Desde el kirchnerismo y otros sectores de la oposición sostienen que el Gobierno «ya no tiene margen para moderarse» y estiman que la «sobreactuación» podría tener consecuencias. Un diplomático del peronismo afirmó: «Temo que si seguimos inflando el conflicto, el próximo paso sea un llamado a embajadores. Ojalá me equivoque».
Luego de que Milei confirmara el recurso ante el Tribunal del Mar, Kumaran citó a dar explicaciones a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza. Días después, el embajador en Buenos Aires, David Cairns, abandonó la cena anual del Cari luego de escuchar a Quirno defender los derechos argentinos contra la «ocupación» del Reino Unido sobre Malvinas.
Desde el Pro, aliado del Gobierno, respaldaron las iniciativas oficiales como la creación del Consejo de Seguridad Nacional, la instalación de una base naval en Ushuaia y el proyecto de ley, que contiene aportes de la secretaría de Relaciones Internacionales del partido que encabeza Fulvio Pompeo. Según fuentes partidarias, los representantes del partido de Mauricio Macri se perciben menos cómodos con los ataques al Islam promovidos por Caputo y sus leales de las Fuerzas del Cielo, y con la retórica confrontativa del gobierno libertario.
El experto en comercio exterior Marcelo Elizondo afirmó: «Las sanciones van a generar impacto en las empresas involucradas en Malvinas y su línea de proveedores». No obstante, el consultor no cree que la ofensiva del gobierno argentino «afecte los negocios en otras áreas y el comercio bilateral, que ciertamente es muy bajo». Para Elizondo, «las empresas británicas van a preferir diez veces estar en Vaca Muerta que en Sea Lion».
El secretario de Minería, Luis Lucero, participará la semana próxima en Londres de un seminario de la Cámara Minera (CAEM), en el que estarán representantes de Jujuy y Mendoza, entre otras provincias.
El mes próximo, el barco Danstar chileno prevé zarpar desde Punta Arenas hacia Malvinas. Quirno matizó: «No tenemos intención de abordar, ni de atacar, todo es por la vía diplomática».