La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia consideró que el proyecto enviado por el Ejecutivo a la Legislatura no cumple lo ordenado por el Superior Tribunal de Justicia y fijó una audiencia de conciliación para el 29 de octubre.
La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia consideró que el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura no cumple lo ordenado por el Superior Tribunal de Justicia en materia salarial docente. La decisión fue dictada el 16 de octubre y divulgada el lunes 19 en el marco del amparo promovido por la Federación Sitech contra el Ministerio de Educación y la Provincia.
Las juezas Silvia Suárez y Silvana Gómez fijaron una audiencia de conciliación para el 29 de octubre a las 10. La convocatoria comprende al gobernador Leandro Zdero y a la ministra de Educación, Sofía Petcoff Naidenoff, o a funcionarios con facultades suficientes para representar al Ejecutivo. La Cámara aclaró que la citación no supone una comparecencia personal indelegable del gobernador.
La Provincia había informado en septiembre que cumplió el mandato mediante la presentación de una iniciativa de actualización salarial. También había solicitado dejar sin efecto una resolución anterior y levantar las sanciones conminatorias aplicadas en el expediente.
La Cámara objetó que el texto enuncie principios y evaluaciones periódicas, pero no defina una pauta concreta de recomposición ni el índice de ajuste para 2027. Según su análisis, las mejoras quedan sujetas a los recursos disponibles y a decisiones posteriores del Ejecutivo.
El conflicto incluye la prohibición de indexación automática prevista en el artículo 7 del proyecto. Esa disposición ya había sido rechazada por doce organizaciones docentes, que sostienen que elimina la protección del salario frente a la inflación.
La interpretación judicial no equivale a una orden de pagar un porcentaje determinado. El Superior Tribunal había reconocido que el diseño del régimen remuneratorio corresponde a los poderes Ejecutivo y Legislativo; la discusión actual es si el proyecto presentado satisface esa obligación.
La Federación pidió agravar las sanciones conminatorias y extenderlas al gobernador y a la ministra, pero la Cámara convocó a conciliar antes de resolver ese planteo.
La decisión declaró incumplida la obligación de presentar un mecanismo de actualización adecuado al mandato judicial, pese al cumplimiento que había invocado la Provincia.