La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el rechazo al pedido de un denunciante para ser querellante y declaró abstracto el recurso contra el archivo de la investigación sobre el uso de fondos públicos en los viajes presidenciales.
La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el rechazo al pedido de un denunciante para constituirse como querellante en la causa que investigaba los viajes al exterior del presidente Javier Milei y declaró abstracto el tratamiento de la apelación contra el archivo de la investigación.
La decisión fue adoptada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico.
La denuncia había sido presentada el 14 de abril de 2026 por J. A. G., quien solicitó investigar si una parte de los viajes realizados por Milei desde su asunción respondió a objetivos personales y políticos en lugar de estar vinculada con la representación institucional de la Argentina.
Entre los motivos cuestionados, el denunciante mencionó la promoción personal del mandatario en el exterior, las entrevistas y conferencias con actores políticos, la difusión de una agenda propia y la participación en eventos que, según la presentación, no estaban relacionados con las funciones presidenciales.
El denunciante también sostuvo que esos desplazamientos generaron “considerables erogaciones del patrimonio público para fines particulares” y planteó que algunos podrían haber contrariado los límites establecidos para las comitivas oficiales por la decisión administrativa 9/2026. Además, solicitó profundizar la investigación sobre la Secretaría General de la Presidencia, responsable de organizar y autorizar esos gastos.
El fiscal federal Carlos Rívolo había pedido, como medida previa, que la Secretaría General de la Presidencia informara el listado de viajes, sus fechas, destinos, asistentes y finalidades. También requirió conocer si el Senado había solicitado explicaciones al Poder Ejecutivo sobre esos desplazamientos.
Tras recibir la documentación, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que no había elementos suficientes para impulsar una investigación penal.
En su dictamen, Rívolo sostuvo que la respuesta oficial “no ofrece dudas en cuanto a que en todos los casos se trató de viajes de carácter oficial”, con información sobre sus motivos y participantes. El fiscal distinguió entre el cuestionamiento político a los viajes y la existencia de un delito. “Más allá de que puedan gustar o no las razones o la finalidad de cada uno de los viajes oficiales del Presidente de la Nación”, señaló, se trata de decisiones políticas que deben quedar fuera del control judicial cuando no se apartan de las normas vigentes ni permiten presumir la comisión de un ilícito.
También indicó que las objeciones sobre los viajes ya habían generado pedidos de informes de legisladores en el Congreso, algunos aún en trámite. Según esa interpretación, el Poder Legislativo contaba con mecanismos institucionales para examinar eventuales irregularidades.
La conclusión del fiscal fue que “al menos por ahora, no existen motivos válidos para la intervención de la justicia penal” en relación con los hechos denunciados.
Rívolo recordó, además, que el derecho penal debe funcionar como la “última ratio del ordenamiento jurídico”, es decir, como un recurso reservado para conductas que justifiquen una respuesta penal y no para resolver cualquier controversia sobre decisiones de gobierno. Ante esa postura, la jueza de primera instancia María Servini dispuso el archivo de las actuaciones.
El denunciante apeló tanto el archivo como el rechazo a su pedido de ser tenido por querellante. Argumentó que el informe de la propia Presidencia no descartaba las irregularidades, sino que, a su entender, confirmaba que numerosos viajes habían tenido finalidades ajenas a la representación institucional del país.
También sostuvo que el eventual uso indebido de fondos públicos lo afectaba directamente como contribuyente y ciudadano, y que correspondía que la Justicia controlara la legalidad y razonabilidad de la decisión fiscal. Sin embargo, los camaristas consideraron que esa condición no alcanzaba para habilitarlo a intervenir como acusador particular.
La Sala II explicó que, para constituirse como querellante, no basta con invocar un interés general en la correcta utilización de los recursos públicos. Es necesario demostrar un perjuicio “especial, concreto y directo” que exceda el interés que ya representa el Ministerio Público Fiscal.
En ese sentido, los jueces concluyeron que la referencia del denunciante a estar “damnificado en tanto contribuyente y ciudadano de la malversación de caudales denunciada” no cumplía con los requisitos exigidos para asumir ese rol procesal. Por eso, confirmaron el rechazo a su pedido de ser querellante.
Al no reconocerle legitimación para actuar como acusador particular, el tribunal entendió que no correspondía examinar su apelación contra el archivo. Así, declaró abstracto ese recurso, sin revisar los fundamentos de fondo utilizados por la jueza para cerrar la investigación.
El cierre de la investigación por los viajes presidenciales se suma a otra decisión judicial: el 23 de octubre, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó al Presidente, a su hermana Karina Milei y a otros nueve imputados en la causa por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. La medida fue dictada a pedido del fiscal Eduardo Taiano y dispuso que la causa se archive una vez que la resolución quede firme.