La Cámara Federal rechazó el planteo de un particular que buscaba ser querellante y reabrir la causa por presunta malversación de fondos en los viajes presidenciales. El fallo sostiene que se trata de decisiones políticas exentas de control judicial.
La Cámara Federal ratificó el archivo de una denuncia contra el presidente Javier Milei por sus viajes al exterior, al rechazar el planteo de un particular que buscaba ser aceptado como querellante y reabrir la investigación. La causa había sido archivada en mayo pasado por la jueza María Servini a pedido del fiscal Carlos Rívolo.
La denuncia fue presentada por Javier Adrián Garin en los tribunales de Comodoro Py contra Milei por los delitos de malversación de caudales públicos, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según el denunciante, el Presidente realizó gran parte de sus viajes, especialmente a España y Estados Unidos, con fines personales para recibir premios y promocionar su figura en charlas y conferencias, o para mantener reuniones políticas con dirigentes de esos países, utilizando fondos del Estado. La denuncia luego se amplió contra Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, por su rol en la organización de esos viajes.
En la investigación, la jueza Servini y el fiscal Rívolo solicitaron dos medidas de prueba preliminares: a la Secretaría General de la Presidencia le pidieron un informe detallado de todos los viajes de Milei al exterior con motivo y carácter (oficial, privado o mixto), y a la Cámara de Diputados le requirieron información sobre si el Congreso había realizado pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre las salidas del país del jefe de Estado.
Con esas respuestas, el fiscal Rívolo consideró que no había un posible hecho ilícito para investigar y solicitó el archivo. En su dictamen, sostuvo que «la detallada respuesta brindada por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación en cuanto al carácter de los viajes al exterior realizados por el Presidente de la Nación durante su gestión, no ofrecen dudas en cuanto a que en todos los casos se trató de viajes de carácter oficial, especificándose en todos los casos el destino, las fechas, los motivos del viaje y sus asistentes».
Además, agregó: «más allá de que puedan gustar o no las razones o la finalidad de cada uno de los viajes oficiales del Presidente de la Nación, lo cierto es que se trata, en definitiva, de cuestiones políticas que, en la medida en que, como vimos en este caso, no se aparten de las normas vigentes ni permitan presumir la eventual comisión de un hecho ilícito, constituyen decisiones propias del Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de las facultades que le son propias, que deben quedar exentas del control judicial».
También destacó que el Congreso realizó pedidos de informes, por lo que «desde el propio Poder Legislativo ya se han activado, de acuerdo a sus facultades, los mecanismos pertinentes para que se analicen las cuestiones relacionadas con los viajes al exterior del Presidente de la Nación que permitirán en un futuro establecer si pudo haber existido o no algún tipo de irregularidad en aquel sentido».
La jueza Servini archivó la causa en mayo pasado ante el pedido de la Fiscalía, al explicar que sin impulso de la acusación no podía avanzar con la investigación. El denunciante apeló ante la Cámara Federal, donde solicitó ser aceptado como querellante y que se reabriera el expediente. Argumentó que podía ser querellante porque, como ciudadano que paga impuestos, el Presidente los estaba usando para costear viajes al exterior que eran personales. También sostuvo que la denuncia debía investigarse porque Milei violó su propia decisión administrativa 9/2026, en la que limitó la comitiva oficial de cada viaje.
Hace diez días, los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico rechazaron su planteo al señalar que no podía ser querellante en el expediente. Los magistrados indicaron que para tener ese rol se debe demostrar un «especial, concreto y directo perjuicio», y que en este caso no se alcanza solo con ser un ciudadano que paga los impuestos. Al no ser tenido como querellante, no se analizó el planteo para reabrir la causa, por lo que el archivo de la denuncia contra Milei quedó firme.