En la primera audiencia celebrada en Hamburgo, Argentina solicitó medidas cautelares para frenar la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental en disputa, mientras que el Reino Unido cuestionó la competencia del tribunal y citó declaraciones del presidente Javier Milei para sostener que se trata de un reclamo de soberanía.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, inició este martes las audiencias para tratar el pedido de medidas cautelares presentado por Argentina con el fin de detener el inicio del proyecto petrolero Sea Lion al norte de las Islas Malvinas, hasta que el tribunal se expida sobre el caso.
La delegación argentina, encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, centró su argumentación en el daño irreversible que derivaría de la explotación de recursos no renovables en una plataforma continental en disputa. Oyarzábal sostuvo que «lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva», y agregó que «este caso no se trata de la soberanía sobre las islas, y tampoco se trata de la delimitación».
Por su parte, la delegación británica, encabezada por la fiscal general Ellie Reeves, inició su alegato pasadas las 11 de la mañana, hora argentina. Reeves afirmó que «Argentina busca escalar políticamente el caso» y que «este tribunal no tiene poder para intervenir». La funcionaria citó declaraciones del presidente Javier Milei, como la frase «una organización inútil que sólo sirve para alimentar una casta de parásitos», pronunciada en septiembre ante la Asamblea General de la ONU, y otra de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, para sostener que la cuestión de fondo es la soberanía y que, por lo tanto, el tribunal debería declararse incompetente.
El Reino Unido también argumentó que las medidas solicitadas por Argentina «tendrían consecuencias devastadoras» para los habitantes de las islas e impedirían «explotar los recursos naturales de su territorio, como tiene derecho a hacerlo conforme a su derecho fundamental a la autodeterminación». Además, informó que la perforación en Sea Lion comenzará el 21 de marzo de 2027 y la extracción en marzo de 2028, con el fin de discutir la urgencia requerida para dictar medidas provisionales.
La Argentina había anticipado su postura sobre la autodeterminación: Oyarzábal citó el censo de 2021 de las islas, que registra 3142 residentes habituales, y afirmó que los recursos «pertenecen al pueblo argentino». Asimismo, aclaró que el país reconoce los intereses de los isleños, pero no que puedan definir a qué Estado pertenecen las islas.
Las audiencias continuarán este miércoles con una segunda ronda en la que Argentina expondrá de 6.30 a 8 (hora argentina) y tendrá la oportunidad de responder a los planteos británicos, antes del cierre del Reino Unido, de 13.30 a 15. La decisión del tribunal se espera entre dos y cuatro semanas después.
El Tribunal quedó completo el lunes pasado con la jura de los jueces ad hoc: el británico Vaughan Lowe, profesor emérito de Oxford designado por Londres, y el argentino Raúl Vinuesa, profesor consulto de la UBA que ya ocupó ese rol por la Argentina en la Corte Internacional de Justicia durante el conflicto por las papeleras con Uruguay. Vinuesa ocupa el lugar que dejó la jueza argentina y vicepresidenta del tribunal, Frida Armas Pfirter, que se excusó de intervenir en el caso.
Las audiencias se desarrollan en un contexto marcado por la visita de Ana, hermana del rey Carlos III, que desde este lunes y hasta el 20 de noviembre recorre las islas y las Georgias del Sur; por el inminente comienzo de la ruta comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino que operará la chilena Easter Island Naviera; y por el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que ya tiene dictamen en el Congreso y el oficialismo busca llevar al recinto de Diputados en las próximas semanas.