El procurador fiscal ante el máximo tribunal, Víctor Abramovich, afirmó que la crisis institucional de la Corte Suprema responde a la dificultad del sistema político para construir consensos y garantizar el funcionamiento regular de las instituciones judiciales. En una entrevista radial, analizó la integración incompleta del tribunal, la falta de audiencias públicas y los incentivos de los gobiernos para mantener esa situación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación atraviesa una crisis institucional marcada por su integración incompleta, la falta de acuerdos políticos para cubrir las vacantes y los cuestionamientos sobre su funcionamiento. Para Víctor Abramovich, procurador fiscal ante el máximo tribunal, el problema excede la coyuntura y responde a una dificultad más profunda del sistema político para construir consensos y garantizar el funcionamiento regular de las instituciones judiciales.
En diálogo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (AM 1190), Abramovich analizó el debilitamiento de la Corte, su pérdida de legitimidad social y los incentivos que llevan a distintos gobiernos a desconfiar de un tribunal con capacidad de controlar sus decisiones. También planteó la necesidad de recuperar una Justicia con mayor transparencia, audiencias públicas y procedimientos que fortalezcan su autoridad institucional.
Abramovich es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Derecho Internacional por la American University. Ejerce la docencia en la UBA y en la UNLA. Se desempeña como procurador fiscal ante la Corte Suprema desde septiembre de 2015. Previamente dirigió el CELS entre 2000 y 2005 y ejerció la vicepresidencia de la CIDH entre 2006 y 2009. Recientemente, la Fundación Konex le otorgó el Premio Konex de Platino 2026 en Derecho Constitucional, Internacional y Público.
—¿Qué es ser procurador fiscal ante la Corte?
—El cargo de procurador fiscal ante la Corte es integrar un órgano extrapoder, que es el Ministerio Público Fiscal, presidido por un procurador general, que tiene, entre otras funciones, la coordinación de los fiscales que actúan en la persecución penal pública, pero, al mismo tiempo, también actúa ante la Corte dictaminando en casos constitucionales donde hay cuestiones de interpretación de la legislación federal. Lo hace el procurador y puede delegar esa función en procuradores fiscales. Yo soy uno de sus procuradores fiscales.
—La Corte está en el centro de la discusión por varios motivos: quedarse con solo tres miembros, la dificultad para conseguir reemplazantes cada vez que uno se jubila y, antes de la visita del Papa, la controversia sobre la Ley de Tierras, donde una semana y otra cambiaron las consecuencias, si bien doctrinariamente mantuvo su posición. ¿Cómo ve usted esta Corte de tres miembros?
—Lo pondría en un contexto más amplio. Yo integro una institución, que es el Ministerio Público Fiscal, donde también estaba vacante la Procuración General. La Defensoría General de la Nación tiene también vacante el cargo de defensor general, de manera que es una situación institucional anómala. La Corte de tres jueces no es la Corte que establece la ley ni es la Corte que esperamos que funcione. No creo que sea una cuestión que atañe a los jueces: es el sistema político el que tiene que integrar la Corte. Pero tenemos la expectativa de que las instituciones funcionen de acuerdo con el programa constitucional y tanto la Procuración como la Defensoría y la Corte no están funcionando en este momento de manera regular.
—¿Qué síntoma es que tengamos todas estas instituciones judiciales incompletas?
—No sé si hay una única causa, pero me parece que lo que se observa es la dificultad de construir acuerdos políticos, porque estos son cargos que requieren mayorías agravadas y, en los últimos períodos de gobierno, con distintas composiciones del Congreso y distintas relaciones entre el Gobierno y el Congreso, no se ha logrado construir esos acuerdos políticos. Es un síntoma de un problema institucional que trasciende la actual gestión y la actual Corte y es mucho más profundo.
—Uno podría suponer que a los gobiernos no les va mal con esta situación, que el costo de resolverla parece mayor que el del statu quo. ¿Hay incentivos para mantener la Justicia menos operativa?
—Puede ser. Sí, yo creo que hay una cuestión de incentivos que juega en esto, también en la lógica con la cual se piensa en esas instituciones. Yo creo que se piensa mucho en la Corte como un mecanismo que puede llegar a obstaculizar la gestión y, entonces, desde esa perspectiva, aparecen las prevenciones al momento de cubrirla.
—¿Una Corte empequeñecida no molesta?
—En gran medida, una Corte que no está plenamente integrada funciona a media máquina. No en el tipo de casos que resuelve, porque las decisiones son tan importantes como si estuviera integrada, pero sí en relación con la expectativa social que uno puede tener acerca del funcionamiento de una Corte que haga un control de constitucionalidad serio, como pasa en otros países. Paralelamente, cuenta con un menor capital simbólico para correr el riesgo de enfrentar situaciones conflictivas, tanto frente a la opinión pública como frente al Gobierno.
—¿Esta Corte no le está trayendo problemas al Gobierno, a diferencia de otras en el pasado?
—Probablemente está más debilitada. Si uno compara, hemos tenido cortes con mucha más legitimidad. Pienso, por ejemplo, en la Corte de la transición democrática. Fue una Corte muy importante la que se configuró durante el gobierno de Alfonsín. También la Corte posterior a la salida de la crisis de 2001. Algunos de los miembros de la Corte integraban esa composición. Yo creo que esa fue una Corte con mucha legitimidad social, que decidió sobre los casos de crímenes de lesa humanidad y abrió la jurisprudencia sobre acceso a la información y libertad de expresión. Yo creo que habría que pensar en cómo reconstruir el escenario para tener una Corte con una legitimidad similar a la que tuvieron, por lo menos, esas dos cortes. Un tema es la integración de la Corte. Sin duda, eso es importante, pero yo creo que hay que pensar también en reformas que apunten a los procedimientos. La Corte resuelve muchos casos por año. Creo que, según la estadística de 2025, entraron a la Corte 58.000 casos y dictó 15.000 fallos. O sea, son más de 50 casos por día, tomando los días laborables. Es imposible resolver esa cantidad de fallos. Es verdad que la mayoría son decisiones de inadmisibilidad, donde aplica este famoso artículo 280 del certiorari, pero la Corte dicta por año 200 o 300 sentencias relevantes. Yo creo que habría que pensar en cómo mejorar los procedimientos para que, por ejemplo, todo el mundo sepa anticipadamente cuáles son los casos de trascendencia institucional que va a decidir la Corte ese año. En 2013, con la presencia de Fayt, se había elaborado una acordada que estableció un cronograma de causas trascendentes. Me parece que es importante que toda la sociedad, los periodistas, la sociedad civil, la comunidad jurídica, pero la sociedad en su conjunto, sepa cuáles son los temas de relevancia que va a decidir la Corte.
—Se le critica que no tiene plazos, mientras que en otros países sí los tiene.
—La Corte no tiene plazos legalmente, pero los casos tienen que ser resueltos. La Constitución dice «en un plazo razonable». Esa idea constitucional del plazo razonable se aplica también a la Corte. O sea, decir que no tiene plazos no es correcto en términos constitucionales. Tiene plazos, que es la garantía del plazo razonable. Tiene plazos subjetivos, no objetivos.
—Pero no es solo una cuestión de plazos, también de transparencia.
—Debería resolver más casos, sobre todo los que tienen trascendencia constitucional, con audiencias públicas. Hace muchos años que la Corte no hace audiencias públicas y debería también habilitarlas. Hubo algunos casos importantes, como el de educación religiosa en las escuelas en Salta, el derecho al olvido, el caso de Negri, algunas audiencias vinculadas con el tema de producción de cannabis para consumo personal. Creo que esa fue la última audiencia que hizo, pero hace tres o cuatro años que no hay audiencias. Entonces, ese es un déficit importante.
—¿Coincide con que el cambio de ciclo político y la salida de Fayt marcaron un deterioro?
—Fue el período del cambio de la Corte. Sale Fayt, salió Zaffaroni, salió Petracchi, luego sale Highton. Ese proceso sigue funcionando y, ya con la salida de Highton, quedan cuatro. Ahí ya se empieza a notar un deterioro y después, con la salida de Maqueda, quedan tres. Es más complejo porque son tres de cinco, que es el número para conseguir mayoría. Entonces, eso fuerza muchas veces acuerdos que, de alguna manera, generan cierta incertidumbre.
—Uno podría decir que tanto para el kirchnerismo como para La Libertad Avanza la Corte es un problema y que preferirían que no existiera.
—Bueno, pero si hubiera una Corte con buenas juezas y buenos jueces, yo creo que eso sería bueno para el Gobierno. Y no es ingenuo lo que estoy diciendo. Las cortes que funcionaron bien no resultaron un problema para los gobiernos, ni para Alfonsín ni para el inicio del gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, creo que habría que pensar eso en otros términos.
—Pero eran Cortes que coincidían con el humor de la época y con quien ejercía el Ejecutivo.
—Bueno, es que las cortes, por lo general, suelen responder a las ideas políticas de la época. Eso es algo normal, pero eso no hace mal a una Corte per se. Yo creo que si es una Corte plural, equilibrada, por ejemplo, en términos de género, con juezas o jueces idóneos que llegan a la Corte a través de un proceso participativo, con legitimidad, eso le da a la Corte un gran poder institucional que no necesariamente entra en tensión con las áreas de Gobierno. Puede ser incluso favorable para el Gobierno porque le da certeza de qué puede llegar a pasar a largo plazo en el país y seguridad jurídica.
—¿Qué mensaje le gustaría dejar a los ciudadanos sobre el funcionamiento de la Justicia?
—Bueno, yo trabajo, en gran medida, en temas vinculados con el derecho internacional de los derechos humanos y la integración en el marco constitucional. Dos cuestiones que me resultan interesantes: trabajo en dos universidades públicas, con equipos de docencia e investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Lanús. O sea, todo mi trabajo es fruto de la actividad de universidades públicas que tienen que tener financiamiento y continuidad en su oferta académica, en su trabajo de investigación. Eso me parece que es un primer elemento. Y después trabajo en temas de derecho internacional y su incorporación en el marco constitucional. Hoy, el concepto de derechos humanos y la idea del multilateralismo están puestos en cuestión. Entonces, yo creo que hay también un mensaje de reafirmar esas dos ideas: la idea de los derechos humanos y la idea del derecho internacional y el multilateralismo, que fueron dos ideas muy importantes para construir un esquema institucional durante el siglo XX y que, con sus problemas y déficits, creo que siguen teniendo hoy una plena vigencia.