El juez Osmar Legal dispuso el traslado de Santiago Peña desde el Regimiento Escolta Presidencial a la Prisión Militar de Viñas Cue, luego de que se conocieran las condiciones de su detención preventiva. Peña está imputado por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio en la investigación por el colapso de Ueno Bank.
ASUNCIÓN.– La Justicia paraguaya ordenó este lunes el traslado del expresidente Santiago Peña a la Prisión Militar de Viñas Cue, un establecimiento de mayor seguridad, desde el Regimiento Escolta Presidencial donde cumplía detención preventiva. La medida fue dispuesta por el juez Osmar Legal en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank.
Peña, de 48 años, está imputado por los delitos de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio. El traslado se produjo el mismo día de su cumpleaños, según consignó la prensa local.
La resolución judicial establece que las autoridades penitenciarias deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del imputado y su aislamiento respecto de los demás internos, en particular de otros investigados en la misma causa que también están alojados en ese establecimiento. El magistrado solicitó además un informe detallado sobre los protocolos que se aplicarán durante su reclusión.
Las denuncias sobre las condiciones de detención de Peña surgieron tras la difusión de imágenes de la denominada “suite presidencial”, remodelada durante el gobierno anterior. De acuerdo con las imágenes publicadas por el medio paraguayo ABC, el espacio incluía un dormitorio con baño privado, una sala de estar, una oficina, una sala de reuniones que también funcionaba como comedor y un estacionamiento con acceso directo a las instalaciones. El ministro de Defensa, Óscar González, confirmó la instalación de un gimnasio privado.
La controversia derivó en la destitución del comandante del Regimiento Escolta Presidencial, el coronel José David Daiub, por parte del presidente Alliana.
El traslado se produce en el marco de la crisis política y financiera que atraviesa Paraguay desde que el Banco Central anunció, el 3 de noviembre, el cierre de Ueno Bank por problemas de insolvencia. La intervención dejó a cientos de miles de clientes sin acceso inmediato a sus depósitos y dio lugar a una investigación sobre presuntas irregularidades en la concesión de créditos y el uso de fondos públicos.
El viernes pasado, la Fiscalía amplió la acusación y atribuyó a Peña el delito de asociación criminal, al sostener que encabezó una estructura junto a cinco exdirectivos del Banco Central para proteger los intereses de la entidad financiera.
El expresidente había sido accionista del Grupo Vázquez, conglomerado al que pertenecía Ueno Bank, hasta marzo de 2025. Según las denuncias, tanto el banco como su empresa matriz experimentaron un crecimiento acelerado desde que Peña asumió la Presidencia, en agosto de 2023, con una creciente captación de depósitos estatales y la adjudicación de contratos públicos. El caso también alcanza a directivos del banco, del Grupo Vázquez y a exautoridades del Banco Central.
La crisis de los ahorristas
El escándalo provocó la destitución de Peña mediante un juicio político y la asunción de Alliana el 6 de noviembre. El vicepresidente deberá completar el mandato hasta 2028, en un contexto de presión para restablecer la confianza en el sistema financiero y garantizar la devolución de los depósitos.
El Banco Central informó que alrededor de 1,8 millones de ahorristas recibieron pagos por unos 640 millones de dólares a través del Fondo de Garantía de Depósitos. La entidad señaló que el 80% de los depositantes ya había recuperado la totalidad de sus ahorros, aunque una parte de los fondos continuaba pendiente de restitución.
Este lunes, unas 50 personas se manifestaron frente a la sede del Banco Central con carteles que incluían consignas como “No es quiebra, es robo”.
En medio de las protestas, Alliana aseguró que su gobierno trabaja para “recuperar la confianza” y prometió respuestas a los afectados. También garantizó que los haberes y aguinaldos de los jubilados que cobraban a través de Ueno Bank están asegurados y que los pagos se realizarían entre este lunes y martes.
Unos 32.000 jubilados del sistema previsional estatal utilizaban la entidad para recibir sus prestaciones. El mandatario afirmó además que se identificaron activos considerados solventes por aproximadamente 600 millones de dólares para respaldar la devolución de los fondos previsionales.
“Nuestra prioridad es garantizar la estabilidad del país, recuperar la confianza y dar respuestas concretas y rápidas”, afirmó Alliana, quien también ofreció a la Fiscalía todos los recursos necesarios para esclarecer las responsabilidades en el colapso bancario y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
Agencias AFP y Reuters
