La compañía fue constituida en 2007 y quedó envuelta en una nueva causa por asociación ilícita y lavado de activos. El TOF N°4 dispuso la liquidación de sus acciones para pagar multas pendientes.
La empresa Austral Agro S.A., vinculada al empresario Lázaro Báez, fue constituida el 11 de octubre de 2007 por Báez y Fernando Javier Butti, con un capital inicial de 50.000 pesos, según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA). De acuerdo con el Boletín Oficial, su objeto social incluía la explotación de actividades agrícolas y ganaderas y la compraventa de inmuebles rurales y urbanos.
En su inicio, Butti fue designado presidente del directorio y Báez como director suplente. Posteriormente, Báez asumió como director con el 70% de las acciones, mientras que el 30% restante quedó en manos de su hijo Martín, quien pasó a ser director suplente.
Fallos judiciales revelaron que para 2016 la compañía contaba con setenta empleados y que los fondos para el pago de sueldos y otros gastos eran entregados en efectivo por el propio Lázaro Báez.
En 2018, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 ordenó la intervención judicial de Austral Agro en el marco de la causa por lavado de dinero y sobreprecios en la obra pública, a pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ). La solicitud se basó en la “falta de colaboración y reticencia” de Leandro Báez, apoderado de la empresa, luego de que los veedores judiciales no pudieran acceder a la documentación para conocer su funcionamiento y situación patrimonial. Por ese motivo, se removió a sus autoridades y se nombró un administrador judicial.
Además, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 dictó una sentencia que acreditó que Austral Agro retuvo aportes de sus empleados durante febrero de 2016 sin ingresarlos dentro del plazo legal, por un monto de 113.925,49 pesos.
Recientemente, Austral Agro quedó nuevamente involucrada en una causa en la Justicia Federal de Río Gallegos, donde el fiscal federal Julio Zárate y la PROCELAC imputaron a Lázaro Báez y a otras 16 personas por una presunta asociación ilícita y lavado de activos. La investigación busca determinar si el empresario, que cumple una condena unificada de 15 años de prisión en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, dirigió desde la cárcel una red para administrar y explotar sus bienes, pese a las restricciones judiciales. Báez habría mantenido el control de establecimientos rurales a través de personas de su confianza, mediante contratos de alquiler y acuerdos para la explotación ganadera.
En paralelo, el TOF N°4 ordenó avanzar con la liquidación de las acciones de Austral Agro para pagar las multas impagas de Lázaro Báez y su hijo Martín, derivadas de las condenas por la causa conocida como “Ruta del dinero K”, que ascienden a 329.237.200 dólares y 274.364.333 dólares, respectivamente. La jueza Valeria Rico también dispuso inscribir las acciones de la compañía a nombre del Estado Nacional y que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) asuma el control operativo de la firma.
