A través del Decreto 1391/2026, el Poder Ejecutivo modificó el Presupuesto 2026 con un aumento de gastos de $15,6 billones y una reducción del superávit fiscal previsto de $7,5 billones. La medida busca adecuar las cuentas a una inflación anual estimada en 33%, superior a la pauta original del 18%.
El Gobierno nacional oficializó una modificación del Presupuesto 2026 mediante el Decreto 1391/2026, firmado por el Presidente y todo el Gabinete de Ministros. La norma dispone incrementos de gasto por aproximadamente $15,6 billones para el resto del ejercicio y reduce en unos $7,5 billones el superávit proyectado para el cierre del año.
De acuerdo con la Planilla Anexa I, de 564 folios, el aumento representa el 10,2% del crédito vigente, fijado en $152,47 billones.
La modificación responde al desfasaje entre las estimaciones macroeconómicas iniciales y la evolución real de la economía. El presupuesto se había elaborado con una pauta inflacionaria anual del 18%, mientras que la inflación acumulada y proyectada para 2026 se ubica en torno al 33%, lo que llevó a reforzar partidas insuficientes para compromisos salariales, previsionales, operativos y financieros.
Argumentos oficiales e impacto en las cuentas
La Casa Rosada sostiene que el ajuste es necesario para garantizar la continuidad de las prestaciones esenciales del Estado y cumplir con las obligaciones asumidas. El texto oficial indica que varias áreas reportaron insuficiencias en sus créditos tras superar las previsiones iniciales, y justifica la reasignación para cubrir prestaciones sociales, salud, seguridad pública y compromisos financieros del Tesoro, incluyendo refuerzos para el Plan 1000 días y transferencias de ANSES a PAMI.
En materia de ingresos, los recursos corrientes y de capital aumentan cerca de $8,1 billones, por debajo del incremento del gasto. Esa diferencia de aproximadamente $7,5 billones reduce el resultado fiscal anual previsto: el superávit estimado originalmente en torno a $26,4 billones pasa a ubicarse cerca de $18,9 billones.
Al 16 de noviembre, el sector público registraba un resultado positivo estimado de $33,2 billones, lo que sugiere que gran parte del nuevo gasto autorizado se concentrará en las últimas semanas del año.
PAMI recibe el mayor refuerzo
El principal destino de los fondos adicionales del anexo son las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Esta partida recibe una inyección cercana a $10 billones, consolidándose como el eje central de la ampliación dispuesta por el Ejecutivo. Ese giro explica por sí solo una porción determinante del incremento presupuestario y refleja el impacto de la aceleración inflacionaria sobre los costos de atención médica y asistencia para adultos mayores.
Salud y seguridad reciben refuerzos
Dentro del reparto de créditos extra se destacan partidas para áreas sanitarias y de seguridad interior. En salud, el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, dependiente del Ministerio de Salud, suma un refuerzo cercano a $0,8 billones para sostener su operatividad. En seguridad, la Gendarmería Nacional incorpora alrededor de $0,2 billones adicionales para financiar el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas.
Casi $4 billones más para intereses de deuda
El segundo mayor incremento corresponde al Servicio de la Deuda Pública, especialmente en el pago de intereses y comisiones, que suma cerca de $3,9 billones adicionales. Esta suba responde al costo financiero del Estado y a compromisos de deuda cuya evolución superó los cálculos iniciales.
Recorte en Servicios Económicos
El decreto aplica una reducción cercana a $2,3 billones sobre los créditos asignados a la finalidad Servicios Económicos. Este recorte figura entre los más significativos del anexo y implica un traslado de fondos desde áreas productivas o de infraestructura económica hacia rubros priorizados para el tramo final del año, como asistencia social, sanidad, seguridad y vencimientos financieros.
Actualización de la nominalidad de la economía
La adecuación presupuestaria busca acomodar las cuentas a un escenario inflacionario superior al contemplado en la ley de gastos y recursos. El aumento de $15,6 billones en los créditos no equivale necesariamente a un salto de igual magnitud en el gasto real, sino que responde en buena medida a la necesidad de corregir partidas frente a una dinámica nominal que superó los pronósticos oficiales.
La clave fiscal pasa por que los ingresos adicionales recaudados en el año no bastaron para cubrir por completo esa ampliación. Ante ese escenario, el Ejecutivo optó por resignar parte del superávit proyectado para absorber los gastos extra y proyectar el cierre del ejercicio con un resultado positivo cercano a $18,9 billones, por debajo del cálculo inicial pero aún con margen superavitario.
