La investigación del fiscal Mariano Moyano reveló que desde un teléfono celular se realizaron casi 20.000 llamadas entre marzo y octubre mediante 11 tarjetas SIM. La organización, que operaba desde las unidades penitenciarias de Olmos y Batán, cometía estafas telefónicas y entraderas violentas.
La investigación que permitió desbaratar una organización criminal que operaba desde tres cárceles bonaerenses reveló que desde un solo teléfono celular se realizaron casi 20.000 llamadas entre marzo y octubre, mediante el uso de 11 tarjetas SIM diferentes. Así lo informó el fiscal de Mar del Plata Mariano Moyano.
Según los registros analizados, las principales víctimas eran adultos mayores, muchos con teléfono fijo en sus domicilios. Los delincuentes se hacían pasar por policías o familiares en apuros para obtener sumas de dinero. Si la extorsión telefónica no daba resultado, la organización activaba células operativas en la calle que concretaban entraderas violentas. Una de las víctimas, una mujer jubilada de 70 años, fue torturada para robarle sus ahorros.
La organización tenía una estructura distribuida entre las unidades penitenciarias de Olmos y Batán. Desde allí se obtenían datos patrimoniales, se seleccionaba a las víctimas y se coordinaban las maniobras. Las comunicaciones alcanzaban a varias provincias e incluso llegaban hasta Uruguay.
El fiscal Moyano cuestionó la inacción del Ministerio de Seguridad bonaerense: “¿Qué más pruebas necesitan?”, reclamó. Y agregó que, si no se toman decisiones, los dirigentes políticos no deberían hablar de seguridad.
La Justicia investiga, reúne pruebas, identifica responsables y desarticula organizaciones, pero no puede reemplazar las decisiones políticas y administrativas que corresponden al Poder Ejecutivo.
El gobierno nacional ya avanzó en la prohibición del uso de celulares en los establecimientos federales, mediante sistemas de detección y bloqueo de dispositivos, líneas y tarjetas SIM. También impulsó herramientas de cooperación para que las provincias puedan aplicar mecanismos similares. Mendoza y Córdoba ya dieron pasos en esa dirección.
La tenencia de celulares había sido habilitada durante la pandemia, cuando las restricciones impedían las visitas y era necesario preservar el contacto familiar. Esa excepción no se transformó en una autorización permanente.
Prohibir los teléfonos personales no significa incomunicar a los detenidos, sino establecer un sistema de llamadas institucionales, con horarios, números autorizados, identificación de los interlocutores y registros controlables. El vínculo con las familias y los abogados debe garantizarse.
La cantidad de investigaciones, dispositivos secuestrados, llamadas documentadas y víctimas concretas es significativa. Si semejante evidencia no alcanza para que el gobierno bonaerense actúe, el problema excede una falla de control penitenciario.
