La norma reemplaza las fechas de corte fijas por un plazo móvil de diez años de posesión e incorpora a agricultores familiares al régimen. La propuesta fue elaborada por el Instituto de Regularización Dominial del Consejo Profesional de Agrimensura bonaerense y presentada por el senador Flavio Fama.
El Congreso de la Nación convirtió en ley una modificación de la Ley 24.374 de Regularización Dominial, según informó el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires (CPA). La normativa establece un nuevo mecanismo para que personas que ocupen un inmueble puedan iniciar el trámite de regularización.
Cambios en los requisitos
La modificación reemplaza las fechas de corte fijas que establecía la legislación por un plazo móvil de diez años de posesión. Podrán iniciar el proceso aquellas personas que acrediten haber ocupado un inmueble de manera pacífica, pública y continua, con causa lícita, durante al menos diez años anteriores a la solicitud.
Hasta la sanción de la nueva ley, el régimen dependía de fechas determinadas, lo que excluía a quienes no cumplían con esos requisitos temporales. Con el cambio, el criterio pasa a considerar los diez años previos a la presentación del trámite.
Alcance y objetivos
La norma incorpora de manera expresa a los agricultores familiares contemplados en la Ley 27.118. El beneficio alcanza a los inmuebles rurales en los que residan y desarrollen sus actividades productivas.
Según el CPA, contar con un título de propiedad brinda seguridad jurídica a las familias, permite acreditar formalmente la titularidad del inmueble y facilita operaciones futuras como ventas, sucesiones o transmisión de la propiedad.
Origen de la iniciativa
La propuesta fue elaborada por el Instituto de Regularización Dominial del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires y presentada en el Senado por el senador y agrimensor Flavio Fama. Su elaboración incluyó reuniones con el Consejo Federal del Notariado, el Consejo Federal del Catastro y la Federación Argentina de Agrimensura (FADA).
Desde el CPA destacaron la sanción como un avance para el acceso a la vivienda digna y la seguridad jurídica. En la provincia de Buenos Aires, indicaron que resta avanzar en la implementación plena de la normativa y en los procedimientos para que los potenciales beneficiarios puedan acceder a la herramienta.
