El cronograma de pagos de la deuda pública en dólares es bastante exigente: en lo que resta del año suma unos 3000 millones de dólares, y en 2025 totalizará 17.522 millones de dólares, informa el último reporte de Cifra-CTA.
En detalle, los vencimientos de deuda en moneda extranjera hasta fin de año son de 1320 millones de dólares de capital y 1669 de dólares de intereses. La mayor parte corresponde a pagos a organismos internacionales de crédito: 782 millones al BID, 764 al FMI, 428 al Banco Mundial y 366 millones a “otros”.
El panorama se complica el año próximo, cuando los vencimientos de bonos sumarán 8928 millones de dólares, mientras que los de organismos, 7006 millones, de los cuales unos 3000 millones son al FMI por intereses.
A este total se agrega más de 2300 millones de dólares que el Banco Central deberá pagar por el Bopreal (bono entregado a importadores), además de los vencimientos de deuda de provincias y de empresas privadas.
No habrá dólares excedentes disponibles del sector externo en el 2025
La consultora PxQ, del economista Emmanuel Álvarez Agis, evalúa las perspectivas del sector externo desde el lado comercial, para estimar la disponibilidad de dólares. El saldo no es prometedor.
Calcula que se necesitarán casi 10.000 millones de dólares adicionales para pagar importaciones respecto a 2024. Las exportaciones serán de 104.030 millones de dólares (+9% en relación con las de este año) y el superávit comercial proyectado será de 20.748 millones de dólares.
Advierte, sin embargo, que este saldo positivo de la balanza comercial es el devengado y no necesariamente es igual al que se registra en el mercado cambiario. En la actualidad, el ingreso de divisas al mercado oficial por cobros de exportaciones es inferior al registrado en Aduana, como consecuencia de que el 20% de las divisas obtenidas por ventas al exterior se liquidan al tipo de cambio financiero (contado con liquidación).
Para concluir que, si en 2025 se mantuviese este esquema de liquidación de exportaciones, no se registrará superávit comercial cambiario. O sea, no habrá dólares excedentes disponibles para el Banco Central del comercio exterior.
¿Están los dólares?
Pese a este panorama complejo, Javier Milei y Luis Caputo dicen que los dólares están para cumplir con los vencimientos. Los acreedores de deuda en moneda extranjera estudian las cuentas públicas sin encontrarlos.
El reflejo de esta desconfianza es la resistencia a bajar del índice de riesgo país, que se ubica en 1300 puntos pero que debería estar en unos 600 si existiera certidumbre acerca de la capacidad de pago.
La alarma se encendió con más intensidad a partir del reciente decreto sin necesidad ni urgencia que flexibiliza las condiciones para un canje de deuda.
Esta norma no significa necesariamente que se concretará esta operación, pero si no forma parte de las opciones de la dupla Milei-Caputo, como dejan trascender voceros informales del Palacio de Hacienda, ¿para qué la firmaron?
La eventualidad de un megacanje de deuda, a partir de las nuevas reglas de juego definidas por el Gobierno, será perjudicial para el sector público y, por lo tanto, favorable para los acreedores.
¿Qué intereses debería privilegiar Caputo? ¿Los de los acreedores o los del sector público nacional?
El DNU 846/24 de Milei-Caputo elimina la obligación de conseguir dos de tres posibles mejoras en términos de plazo, intereses o quita de capital para concretar un canje de deuda, tal como establece el artículo 64 de la Ley de Administración Financiera.
Así, lo único que mejoran son las condiciones de los acreedores. El DNU modifica también lo dispuesto en la gestión del exministro de Economía Martín Guzmán, donde solo se permitía realizar canjes sin cumplir el artículo 65 para deuda en moneda local.
El Gobierno había intentado modificar este artículo en la Ley de Bases, pero no tuvo consenso en el Congreso para avanzar en este sentido. Lo intenta en el proyecto de Presupuesto 2025 al eliminar la referencia a ese artículo, aunque sin derogar la norma. Para, finalmente, decidir remover esta restricción a través de un DNU sin esperar al debate en el Congreso.
La norma habilita también la suscripción de deuda pública, independientemente de la moneda de pago, lo que permite al Tesoro realizar canjes de títulos en pesos por nominados en dólares.
Sin límites e inconstitucional
Un esclarecedor artículo de Betina Stein, abogada y exdirectora del Banco Central, publicado en Página/12, explica que “a raíz de lo ruinoso que fue para el país esa renegociación (se refiere al megacanje de deuda del 2001), en el año 2007 se sustituyó el artículo 65 de la ley 24.156 (Administración Financiera) autorizando al Poder Ejecutivo a reestructurar deuda pública sin pasar por el Congreso, sólo cuando la nueva negociación o conversión implica un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”.
Ilustra que a través del Decreto 846/2024 -de necesidad y urgencia que no es tal- el presidente Milei modifica una ley para poder reestructurar la deuda en dólares cuyos vencimientos se avecinan, sin respetar los límites que a ese efecto le pone el Congreso al Poder Ejecutivo en este artículo 65.
A la vez, el abogado y especialista en Derecho Constitucional Andrés Gil Domínguez publicó el siguiente post en la red X: “Sigue el festival de DNU mediante los cuales se sustituye inconstitucionalmente al Congreso y se gobierna de manera autocrática. El DNU 846/2024 habilita al PEN a canjear títulos en cualquier moneda soslayando las potestades constitucionales del Congreso en la materia, cambiando definitivamente la Ley de Administración Financiero y permitiendo que el canje no mejore el monto, la tasa o el plazo del bono. La única condición es que los títulos sean tomados a ‘precio de mercado’. Otro DNU nulo de nulidad absoluta e insanable que gracias a las restrictiva y conservadora doctrina de la CSJN nadie puede cuestionar si no afecta un derecho subjetivo”.
Diputados y senadores de Unión por la Patria se pronunciaron en contra del DNU 846. Suscribieron un documento en el cual adelantan que desconocen cualquier proceso de canje en el marco de este decreto.
Exigieron la conformación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa y exhortaron al resto de las fuerzas políticas a sumarse.
A la vez, reclamaron que el ministro de Economía, Luis Caputo, vaya al Congreso a dar explicaciones sobre los 81 mil millones de dólares que se incrementó el endeudamiento público en los primeros ocho meses de gobierno libertario.
La fragilidad del sector externo
El último Informe Cifra-CTA muestra el motivo principal para dictar el DNU que desprecia las restricciones impuestas por la Ley de Administración Financiera en la administración de pasivos públicos: la extrema fragilidad del sector externo derivada de la crisis de la deuda que sigue latente en la economía y que la megadevaluación y hiperrecesión de Milei no alcanzaron a resolver.
Indican que, pese a las apariencias vinculadas al actual “veranito financiero”, en el bienio junio-julio se constató el inicio del déficit de la cuenta corriente del balance cambiario (-220 y -1670 millones de dólares, respectivamente), en el marco de una evidente apreciación cambiaria y de la tendencia a la caída de las reservas internacionales.
Si bien los ingresos por el blanqueo de capitales disimulan en el corto plazo esta tendencia, señala que la perspectiva es su profundización si se considera que:
1. El calendario de pagos de las importaciones se acrecienta en los próximos meses por la deuda contraída al comienzo del mandato.
2. La reducción del impuesto PAIS junto a la apreciación cambiaria abaratan los bienes importados.
3. Los vencimientos de la deuda en moneda extranjera son abultados en lo que resta del año (casi 3000 millones de dólares) y aumentan significativamente en 2025 hasta alcanzar 17.500 millones de dólares.
Las finanzas públicas no son una mesa de dinero
Los endeudadores seriales Luis Caputo y Federico Sturzenegger tienen antecedentes de desconocer la Ley de Administración Financiera, que en su articulado establece normas, procedimientos, exigencias y controles para evitar que las finanzas públicas no sean convertidas en una mesa de dinero.
Ahora quieren pasar por encima de la ley para dejar el terreno preparado para otro ruinoso megacanje de deuda.
En el gobierno de Macri lo hicieron violando la norma al suscribir el acuerdo por el insólito préstamo del FMI por 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 44.500 millones.
Este desastre financiero fue liderado por el secretario y después ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Empezaron la gestión con una posición financiera muy holgada por el desendeudamiento heredado del gobierno de CFK.
Es evidente que hicieron las cosas muy mal para que en el 2018, en apenas dos años de gestión, tuvieran que salir corriendo a tocar las puertas del FMI. Fueron sin estudio ni evaluación previa, sólo impulsados por la desesperación para no tener que declarar el default de la deuda.
El riesgo de caer al abismo llevó a la alianza macrista-radical a pactar rápidamente un acuerdo con el FMI sin cumplir los necesarios pasos administrativos ni legales para asumir esa deuda. El Fondo también suscribió el crédito sin tomar nota de estas irregularidades.
El crédito insólito del gobierno de Macri con el FMI también violó la Ley de Administración Financiera
El artículo 61 de la Ley de Administración Financiera establece lo siguiente: “en los casos en que las operaciones de crédito público se originen en la constitución de deuda pública externa antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir opinión el Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos”.
* No hay constancia de dictamen jurídico previo a la firma de dicha Carta de Intención con el FMI.
* No hay constancia de dictámenes del Banco Central de cómo el crédito que se pretendía tomar iba a impactar en la balanza de pagos, requisito exigido por el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera.
* No hay constancia de actos administrativos mediante los cuales se haya decidido tomar el crédito. No obra en el expediente decreto presidencial alguno, así como tampoco resolución del directorio del BCRA ni resolución del Ministerio de Hacienda.
Se puede negociar con los acreedores respetando la ley
Existe una historia diferente en el vínculo con acreedores, sin necesidad de subordinarse a sus intereses ni violar una norma que busca preservar el interés del sector público.
Esto sucedió en el acuerdo con acreedores privados, en agosto de 2020, durante la gestión de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía, para dejar atrás el desastre con la deuda realizada en los años de Macri en la Casa Rosada, que entregó el siguiente resultado:
* Hubo alivio de pagos para los próximos cinco años por 42.500 millones de dólares.
* La tasa de interés de los nuevos bonos se pactó, en promedio, en 3,07% anual, cuando la anterior era de casi 7,00%.
* Los pagos de deuda en los siguientes cinco años fueron de 4500 millones de dólares, cuando el monto original era de 30.200 millones.
* En este proceso de reestructuración de la deuda se pagaron a los bancos las comisiones más bajas de la historia por emisión de deuda. La era Macri entregó de 0,14% a 0,18%, y en este acuerdo fue 0,10%.
Qué se puede esperar del elenco estable de endeudadores
El gobierno de Javier Milei tiene tres funcionarios en cargos importantes que fueron clave en la administración macrista. Hacen lo que saben hacer. Aquí se detalla algunas de las cosas que hicieron en la gestión de Macri para saber por qué hacen lo mismo en la de Milei.
* Luis Caputo, ministro de Economía: como secretario de Finanzas en el gobierno de Macri lideró negociaciones opacas con los fondos buitre, a los cuales se les abonaron el capital e intereses de los títulos que reclamaban, más «algunos costos y gastos legales» no precisados. Coordinó todo el ciclo de endeudamiento macrista hasta la insólita emisión de un bono a 100 años con una tasa efectiva elevadísima de 7,9 por ciento anual. Facilitó negocios fabulosos a un grupo de bancos internacionales que embolsaron unos 610 millones de dólares con la emisión y posterior distribución de bonos en el exterior. HSBC y Deutsche Bank lideraron esas operaciones diseñadas por Caputo.
* Santiago Bausili, presidente del Banco Central: fue subsecretario de Financiamiento y luego secretario de Finanzas en el gobierno de Macri, mano derecha de Caputo. Aquí va sólo una cifra: de abril de 2016 a enero de 2018, junto con Caputo, emitió bonos en el exterior por 43.687 millones de dólares con un grupo de bancos y fondos de inversión internacionales con los cuales mantenían estrechos vínculos personales y profesionales, destacándose el Deutsche Bank, su empleador previo a desembarcar en la función pública.
* Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado: fue presidente del Banco Central de Macri, y desde este cargo fue responsable de alimentar la más fabulosa bomba de deuda interna: las Lebac. Estas fueron el instrumento financiero para una obscena bicicleta aprovechada por inversores locales e internacionales. El volumen de esa deuda de cortísimo plazo llegó a representar el equivalente a 48.000 millones de dólares. Hasta octubre de 2018 (después empezaron a ser reemplazadas por Leliq), en 33 meses de gestión macrista en el Banco Central, se abonaron intereses de Lebac, al tipo de cambio de cada vencimiento, por un total de 25.323 millones de dólares.
Una vez más, quienes incendiaron el bosque ahora explican cómo apagar el incendio.