La trabajosa gestión que encabezaron el Nobel de Economía Joseph Stiglitz y el ex ministro Martín Guzmán contra las sobretasas que cobra el Fondo Monetario Internacional en sus préstamos, arrojó un primer resultado del cual pueden sacarse, inicialmente, dos conclusiones contundentes. La primera es que el ahorro de un punto en la tasa anual de intereses, es para Argentina más simbólico por el triunfo de la pulseada, que por su significado económico: el crédito del FMI al gobierno de Macri sigue siendo tan imposible de pagar como antes. La segunda conclusión, que no habría que desatender, es que cada paso, cada avance, que se obtenga en esta pulseada de largo plazo con el Fondo, será el resultado de una acción política planificada, constante y sumando a lo ancho del mundo a todos aquellos sectores con intereses comunes con el país.
Es lo que se hizo en esta ocasión y dio sus frutos. Escaso, pero un ejemplo para entender que cuestionando las inconsistencias de la política crediticia del FMI y el producto nefasto de sus arbitrariedades, se acumula la fuerza para torcer reglas que, en principio, parecían inamovibles.
¿De qué se trata este asunto? El FMI es un organismo internacional, compuesto por más de 100 países, nacido después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar al equilibrio en el sector externo de los países miembros. Para ello, cuenta con un menú de créditos que se otorgan en función de la necesidad de los países de restaurar el equilibrio de sus balanzas de pagos (entrada y salida de divisas). Tiene un staff técnico que va definiendo las reglas de los créditos, modificándose con el correr del tiempo. Y una de ellas es la de las «sobretasas» que se cobran a países que toman una deuda que se considera «excesiva», en función del tamaño de su economía o del tamaño de su participáción como socio del Fondo. Que debería ser lo mismo, pero no lo es.
Esta cuestión de las sobretasas surgió allá por 2009, y consistía en que los países que tomaran un crédito que excediera el 187,5 por ciento de su cuota en el FMI (casi dos veces la cuota), pagaría una tasa extra de dos puntos porcentuales por año sobre ese monto excedente. Si además, ese exceso se mantenía más allá de un determinado plazo de concedido el préstamo, esa sobretasa aumentaría en otro punto.
Nadie le prestó demasiada atención al asunto hasta que en el año 2020, el entonces ministro Guzmán cuestionó que lo que exigía el FMI de pago de intereses no coincidía con las previsiones que hacía el país, de acuerdo al contrato de deuda firmado en 2018 por el gobierno de Macri. «Son las sobretasas», refirió un funcionario del FMI explicando el origen de la diferencia. Un recargo de intereses que no estaba explicitado y que, según pudo comprobarse después, otros países deudores del Fondo tampoco conocían.
Una de las primeras figuras en el mundo que se hizo eco del reclamo de Guzmán por las sobretasas fue la primera ministra de Barbados, Mía Mottley, país deudor del FMI afectado por el mismo recargo «desconocido». Publicó en medios internacionales su cuestionamiento, al tiempo que Joseph Stiglitz iniciaba un trabajo de investigación y opisición a una política de tasas que castigaba a los más endeudados, alejando así su posibilidad de volver al equilibrio en sus cuentas externas. En años recientes, también Lula, presidente de Brasil, tomó posición frente al FMI y lo propio sucedió con el Vaticano, a través de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales pero también por la voz del Papa Francisco.
Como en el caso argentino, y explosivamente a partir del crédito de 2018, el FMI dejó de ser una solución para el país, para convertirse en la principal causa del problema del sector externo de los deudores. Las so bretasas elevaban tanto el costo financiero final que Argentina llegó a pagar intereses del 7,1 por ciento del monto de la deuda en 2022 y del 8,2 por ciento en 2023.
Hasta el día de hoy, voces neoliberales siguen sosteniendo que las tasas de los créditos del FMI «son las más bajas del mercado internacional». Claro, ignorando alguno de sus componentes: 1% de tasa básica (la llamada tasa DEG, la moneda de cuenta del FMI), la tasa variable (un promedio de los cinco principales bancos centrales del mundo: FED, Inglaterra, BCE, de China y de Japón) y las sobretasas, que llegan al 3 por ciento según monto y plazos.
Sobre el primer y último componentes operó la modificación que este viernes aprobó el Directorio del FMI. Bajó la tasa básica de un punto a 0,6 porcentual, y le fijó un umbral a las sobretasas más alto: del 300 por ciento de la cuota de cada país en vez del 187,5 por ciento. Es decir, los deudores seguirán pagando las sobretasas pero sobre un monto o porción menor de la deuda. Además de otra reducción de costos para el país deudor relacionado a determinadas comisiones que se pagan al FMI sobre la deuda.
En el caso argentino, el impacto total será pagar el uno por ciento menos de intereses cada año, aproximadamente. Sobre una deuda total de unos 45.000 millones de dólares, son 450 millones al año. Ese será el beneficio en 2025, y en los años siguientes dependerá de que se vaya cancelando,o no, parte del capital. Lo cual, en las condiciones pactadas en 2022, en la refinanciación del crédito de 2018, y en las actuales condiciones del país, parece imposible de cumplir.
Con la suba del umbral de deuda para las sobretasas, los países sujetos a tal recargo pasarán de los actuales 20 a 13, destacó Kristlina Georgieva el viernes. Aunque con menor incidencia, la medida absurda seguirá existiendo. Pero este pequeño avance deja en claro que son batallas políticas las que pueden ponerle algún freno a los abusos del Fondo, organismo que representa el interés de los centros financieros de poder mucho más que el de los países que lo componen.
Paradoja que estuvo muy presente en cada una de las instancias de esta pelea contra las sobretasas, que iniciaron Guzmán, Stiglitz y una serie de economistas y expertos del mundo que, como en el caso del ex ministro de Economía argentino, no contaban con el respaldo político de sus respectivos países.
Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, siempre se opuso a la revisión de las sobretasas, a las que considera una herramienta que impone «prudencia» a los países deudores para no excederse en el uso de los créditos del FMI ni en el tiempo de financiamiento. Fue la insistencia en buscar aliados en el campo de los expertos, en organizaciones políticas y religiosas, y en definitiva en países no tan poderosos pero dispuestos a pelear contra los condicionamientos de la deuda, lo que permitió presentar batalla y alcanzar un logro más que significativo.
Hay muchos otros aspectos cuestionables en el funcionamiento del FMI que operan en contra de los países que reciben sus créditos. Para Argentina, la experiencia es válida para iniciar un replanteo de su posición en el FMI y definir las condiciones en que buscará salir de ese laberinto. Las reglas del Fondo condenan al país, pero acaba de suceder algo que revela que esas reglas resultan menos rígidas cuando se las enfrenta.