Un fallo judicial cautelar detuvo la aplicación de 82 artículos de la nueva ley de modernización laboral. El Gobierno anunció que apelará la decisión.
Un juez laboral de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y suspendió mediante una medida cautelar la aplicación de 82 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, impulsada por el Gobierno nacional. El magistrado Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado del Trabajo N° 63, ordenó la suspensión hasta que se resuelva el fondo de la cuestión sobre su constitucionalidad.
Entre los puntos afectados por la cautelar se encuentran la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), modificaciones en el cálculo de indemnizaciones, la implementación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones y la limitación del derecho de huelga por sectores, entre otros aspectos centrales de la reforma.
El Gobierno nacional, a través de un comunicado, rechazó la decisión judicial y anunció que presentará una apelación. En su postura, sostuvo que la medida responde a «intereses corporativos y sectoriales» que buscan obstaculizar las reformas. Por su parte, la CGT argumentó en su presentación que los artículos cuestionados vulneran derechos constitucionales de los trabajadores.
En su resolución, el juez Ojeda fundamentó la medida cautelar señalando la existencia de un «peligro en la demora» y un «riesgo de daño grave e irreparable» para los trabajadores si la ley se aplicaba plenamente. El magistrado ahora deberá analizar la constitucionalidad de la norma en una sentencia definitiva.
Este fallo reaviva el debate sobre los alcances del control judicial de constitucionalidad y la división de poderes. Mientras algunos sectores destacan el rol de la Justicia como garante de los derechos fundamentales, otros expresan preocupación por la posibilidad de que medidas cautelares generales puedan frenar reformas sancionadas por el Congreso.