La designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia abre un escenario de disputas internas por la sucesión en la Procuración General de la Nación, en un contexto de investigaciones judiciales sensibles.
La designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia ha generado un complejo escenario de tensiones dentro del Poder Judicial, centrado en la futura sucesión del procurador general de la Nación. Según se informa, Mahiques habría sido designado por el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, con la expectativa de que atienda causas de su interés a cambio de ser el próximo procurador.
Sin embargo, para alcanzar ese objetivo, Mahiques debería sortear los obstáculos que, según versiones, podría interponer el juez Ariel Lijo, quien también aspiraría al cargo. El Poder Ejecutivo sospecharía que Lijo podría acelerar investigaciones por enriquecimiento ilícito que involucrarían al portavoz presidencial, Manuel Adorni, a Karina Milei por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y al propio presidente en relación con la criptomoneda $LIBRA.
La pugna por la Procuración se enmarca en un contexto más amplio de cambios en el fuero federal, donde se han comenzado a cubrir más de 200 vacantes, transformando al Ministerio de Justicia en un área clave de disputa. Inicialmente, se especuló con que Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, podría haber sucedido a Mariano Cúneo Libarona en caso de un recambio de gabinete negociado por el ministro de Economía, Santiago Caputo, con el partido PRO.
Los resultados de las elecciones del 26 de octubre habrían alterado los planes iniciales, desplazando a figuras como Sebastián Amerio de la carrera por la Procuración. La suspensión de la entrada en vigor del sistema acusatorio, una de las medidas más relevantes tomadas por Mahiques hasta ahora, mantiene en pausa una redistribución de poder que otorgaría a los fiscales federales el control de causas por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción estatal.
Analistas políticos señalan que resolver estas diferencias internas mediante denuncias judiciales podría ser riesgoso, dada la frágil legitimidad que obtendría quien se imponga, lo que lo haría dependiente de otros poderes, como el propio Poder Judicial.
Paralelamente, se informa que una prioridad para Mahiques sería pactar una tregua con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, desactivando denuncias judiciales en las que están involucrados, como la retención indebida de aportes previsionales por parte del organismo ARCA.
Este proceso podría ser complejo, ya que la Cámara en lo Penal y Económico rechazó el sobreseimiento pedido por las defensas. Para ayudar a los dirigentes de la AFA, Mahiques debería intervenir antes en el caso de Ignacio Jakim, su presunto nexo con Tapia y Toviggino, también denunciado por ARCA. El juez Luis Armella, quien resiste el pedido de indagatoria contra Jakim formulado por la fiscal Silvia Cavallo (exesposa de Ariel Lijo), niega que pueda ser influenciado por el posible ascenso de su secretario, Pablo Wilk, propuesto por Mahiques para cubrir una vacante en el Tribunal Oral N° 2 de La Plata.