La Oficina de Administración de Tierras de EE.UU. reactivó una propuesta para habilitar más de 725 mil acres, incluyendo áreas cercanas a parques nacionales, lo que ha despertado el rechazo de ambientalistas, autoridades locales y comunidades.
El gobierno federal de Estados Unidos reactivó un plan para habilitar tierras públicas en California para la explotación de petróleo y gas. La iniciativa, impulsada por la Oficina de Administración de Tierras (BLM), busca abrir áreas cercanas a parques como Pinnacles National Park y Mount Diablo State Park para actividades extractivas.
La medida incluye la apertura de más de 725 mil acres (unas 293 mil hectáreas) en la costa central del estado para el desarrollo de proyectos petroleros y gasíferos. A esto se suman otras áreas en el sur de California, muchas de las cuales se ubican junto a parques y áreas protegidas como Sequoia National Park y Carrizo Plain National Monument.
El caso de Pinnacles, un parque de aproximadamente 109 km², se destaca como uno de los más controvertidos. El área alberga formaciones volcánicas y es uno de los pocos lugares donde se liberan cóndores de California como parte de programas de conservación. Victoria Bogdan Tejeda, abogada del Center for Biological Diversity, advirtió que «esto genera preocupación» por antecedentes de daño a estas aves por actividades petroleras.
Mount Diablo State Park también genera alertas por su biodiversidad, ya que allí habitan ciervos, linces, coyotes y pumas. Juan Pablo Galván Martínez, de la organización Save Mount Diablo, describió la zona como «un punto crítico de biodiversidad» con especies raras y endémicas.
La propuesta retoma un proyecto impulsado durante la primera administración de Donald Trump. En 2019, un acuerdo obligó al BLM a revisar sus evaluaciones ambientales. Sin embargo, el nuevo análisis presentado en enero de 2026 recibió cuestionamientos por su similitud con el anterior. Bogdan Tejeda indicó que el documento «no es muy diferente» al que fue rechazado previamente.
El fiscal general de California, Rob Bonta, expresó en una carta que la expansión de la perforación afectaría a las comunidades por el aumento de la contaminación y no se alinea con los objetivos climáticos del estado para 2030. En una audiencia pública virtual realizada en enero, no hubo intervenciones a favor del proyecto.
El avance del plan enfrenta obstáculos legales y regulatorios. En 2022, California estableció zonas de amortiguamiento entre pozos y áreas sensibles, y en 2024 prohibió nuevos permisos de fracking. Deborah Sivas, directora de una clínica de derecho ambiental en Stanford, planteó dudas sobre cómo se aplicarán las regulaciones estatales en tierras federales y cuestionó la viabilidad económica de los proyectos.
El BLM prevé emitir una decisión final sobre el plan para la costa central durante el verano boreal de 2026.