Los principales acusados en la investigación por el presunto robo de anestésicos optan por el silencio público y concentran su estrategia en apelaciones judiciales, cuestionando la falta de pruebas directas.
Los principales involucrados en la causa que investiga la presunta sustracción de propofol del Hospital Italiano de Buenos Aires han adoptado una postura común: evitar las declaraciones a los medios y concentrar su estrategia defensiva exclusivamente en el ámbito judicial. Esta decisión se mantiene incluso después de presentadas las apelaciones a los procesamientos dictados por el juez Javier Sánchez Sarmiento.
Los imputados Hernán Boveri, Delfina ‘Fini’ Lanusse y Chantal ‘Tati’ Leclercq canalizan todas sus posiciones a través de escritos presentados ante la Justicia. Este repliegue comunicacional coincidió con cambios en sus defensas legales y con una línea argumental compartida en los planteos judiciales.
En el caso de Hernán Boveri, anestesiólogo procesado por administración fraudulenta, la defensa quedó a cargo del abogado penalista Ramiro Lucini, quien asumió la representación cuando la causa ya tenía fuerte exposición pública. Por su parte, Fini Lanusse está representada por Claudia Balbín, abogada con amplia trayectoria en el fuero penal.
En las apelaciones, a las que tuvo acceso este diario, ambas defensas sostienen que ‘no hay prueba directa’ que permita sostener la acusación y que ‘nadie presenció los hechos’ que se les atribuyen. Argumentan que el expediente se apoya en ‘conjeturas, inferencias y apreciaciones subjetivas’, así como en una ‘cadena de rumores’ que tendría su origen en una persona mencionada en la causa.
La defensa de Boveri calificó el procesamiento como ‘arbitrario y nulo’, señalando que el fallo es ‘prematuro’ y que no existe evidencia objetiva que pruebe la sustracción. La de Lanusse, en tanto, cuestionó el accionar de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (Aaarba), describiendo el procedimiento como ‘irregular y desprovisto de garantías’. En su escrito, remarcó que ‘el consumo no implica sustracción’ y presentó un informe psicológico que indica que la imputada no presentaría un consumo problemático de drogas.
La causa tomó estado público hace aproximadamente un mes, en un contexto marcado por la investigación por la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar, que se tramita en un expediente distinto.