Un tribunal laboral brasileño ordenó la exclusión temporal del fabricante chino de la denominada ‘lista sucia’, tras considerar que su inclusión pudo ser ilegal. La medida se produce tras el revuelo generado por la acusación y la reciente anunciada inversión de la empresa en el país.
Un tribunal brasileño emitió una orden judicial que excluye, de manera provisional, al fabricante de automóviles chino BYD del Registro de Empleadores que sometieron a trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud, conocido popularmente como la «lista sucia». La decisión se produce apenas un día después de que se conociera la inclusión de la empresa en dicha lista junto a otras 168 compañías.
La orden, emitida por el juez Luiz Fausto Marinho de Medeiros, considera que incluir a BYD en el listado fue posiblemente ilegal, ya que la medida se basó en la premisa de que la empresa era el verdadero empleador de los trabajadores. La resolución, fechada este miércoles, deja sin efecto la inclusión hasta que se dicte una resolución definitiva, aunque la decisión es apelable, según informó la agencia Reuters.
La firma fue incorporada al caso en 2024, luego de que un contratista de BYD empleara a 163 trabajadores para la construcción de su planta en Camaçari, en el estado de Bahía. Según los reportes, algunos de esos trabajadores tenían contratos que estipulaban la entrega de sus pasaportes, el envío directo de la mayor parte de sus salarios a China y el pago de un depósito de casi 900 dólares, recuperable solo después de seis meses de labor. Las autoridades describieron las condiciones de alojamiento como «degradantes».
En aquella oportunidad, las autoridades brasileñas afirmaron que BYD era, en última instancia, responsable de las condiciones de los trabajadores (el total de rescatados ascendió a 224), ya que debía supervisar a sus contratistas. Ser incluido en la «lista sucia» no solo implica un daño reputacional, sino que también impide a las empresas obtener ciertos tipos de préstamos de bancos brasileños.
BYD Brasil no respondió al pedido de comentarios solicitado por medios locales, tal como tampoco lo hizo el Gobierno a través de sus voceros oficiales. La empresa había declarado previamente que no tenía conocimiento de ninguna infracción hasta que los medios brasileños publicaron informes a fines de noviembre de 2024.