Un proyecto en el Concejo Municipal de Los Ángeles propone que los votantes decidan si los residentes no ciudadanos pueden participar en comicios locales. La iniciativa genera apoyos y críticas.
Un plan que promete abrir un debate político y social comienza a tomar forma en Los Ángeles. La posibilidad de que personas sin ciudadanía estadounidense participen en elecciones locales avanza en el Concejo Municipal. Mientras se debate la normativa en la ciudad de California, se manifestaron múltiples posturas a favor y en contra.
Según informó Los Angeles Times, el concejal Hugo Soto-Martínez presentó una iniciativa para que los votantes de la ciudad decidan, en las elecciones del 3 de noviembre, si el Concejo Municipal debe tener la facultad de habilitar el voto de no ciudadanos en comicios locales. La medida apunta a cargos clave de la administración municipal, como la alcaldía, el propio Concejo y también el Consejo de Educación de Los Ángeles.
El proyecto no tiene una implementación inmediata, sino que, antes de llegar a ese escenario, debe atravesar varias instancias. Si finalmente se aplicara, la propuesta permitiría votar a migrantes con green card, DACA y otros estatus que tengan residencia en Los Ángeles.
El principal impulsor de la medida, Soto-Martínez, fundamenta su propuesta en la necesidad de ampliar la representación política de comunidades inmigrantes que, pese a no contar con ciudadanía, forman parte activa de la vida económica y social de la ciudad. En declaraciones citadas por Los Angeles Times, el concejal recordó la experiencia de su propia familia: “Después de que mis padres emigraron desde México, trabajaron duro, pagaron impuestos y criaron a sus hijos en escuelas públicas, pero durante décadas no tuvieron voz en las decisiones que moldeaban su comunidad hasta convertirse en ciudadanos”.
El planteo encuentra respaldo en organizaciones de derechos de inmigrantes. Angelica Salas, directora de la Coalition for Humane Immigrant Rights, sostuvo que muchas personas sin ciudadanía enfrentan una situación que definió como “tributación sin representación”. Salas argumentó que estos sectores pagan impuestos al igual que los ciudadanos, tienen hijos en el sistema educativo público y se ven directamente afectados por las decisiones políticas locales. En ese contexto, considera razonable que puedan influir en la elección de sus representantes.
Sin embargo, la iniciativa también generó un fuerte rechazo en distintos sectores de la ciudad de California. Ira Mehlman, vocero de la Federation for American Immigration Reform, cuestionó el proyecto con dureza, al señalar que “socava todo el concepto de ciudadanía y lo que significa ser miembro de la sociedad estadounidense”. Desde esta perspectiva, el derecho al voto es un privilegio reservado exclusivamente a ciudadanos, y extenderlo a no ciudadanos implicaría diluir ese principio fundamental.
Las críticas no provienen únicamente de sectores conservadores. Dylan Kendall, quien compite políticamente contra Soto-Martínez, expresó preocupaciones de otra índole. Según consignó Los Angeles Times, advirtió que la medida podría derivar en la creación de un registro oficial de votantes no ciudadanos, lo que podría exponer a personas indocumentadas a riesgos en el contexto de políticas migratorias estrictas. Kendall señaló que esto podría facilitar tareas de identificación y seguimiento por parte de autoridades federales.