Comienza la auditoría del Gobierno a los balances y contratos de la AFA

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El Ministerio de Justicia inició este lunes un proceso de fiscalización de la documentación societaria y contable de la Asociación del Fútbol Argentino, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades.

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, activó a partir de hoy el proceso de fiscalización de los balances y los contratos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida busca acceder a documentación societaria y administrativa de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia y cuyo tesorero es Pablo Toviggino.

Desde las 13, los veedores designados por el Ministerio de Justicia se presentarán formalmente en las sedes de la AFA y de la Superliga para requerir información, según informó la cartera que encabeza Juan Bautista Mahiques en un comunicado oficial.

“El plan de trabajo comienza con un pedido formal de acceso a la documentación social y contable de la sociedad para poder verificar las irregularidades que investiga la Inspección General de Justicia. Las veedurías son por 180 días y este es un paso para poder realizar la misión encomendada por el ministro de Justicia al decretar la intervención por veeduría”, señaló el comunicado.

La tensión entre el Gobierno y la AFA creció desde que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la entidad de fútbol y a un grupo de dirigentes por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por 7500 millones de pesos. Según la demanda, ARCA acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días.

Estarán a cargo de la auditoría en la AFA el abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena, nombrados por el Ministerio de Justicia, para ejecutar las veedurías durante 180 días. Según la resolución, los veedores están habilitados a solicitar balances, contratos, libros societarios y registros internos, con el objetivo de verificar presuntas irregularidades que la IGJ tiene bajo análisis.

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