La vicepresidenta inició una acción legal por calumnias e injurias contra el diputado Luis Petri, quien denunció que se le impuso una restricción para hablar públicamente de ella.
Este miércoles, el diputado liberal Luis Petri respondió a través de redes sociales a la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que la funcionaria presentara una querella por calumnias e injurias con una medida cautelar contra el exministro de Defensa.
“No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y con mordaza legal para que no hable de ella. ¡Siempre tan democrática…!”, escribió el legislador en su cuenta de X.
Recientemente, fue desestimada por inexistencia de delito la denuncia que Villarruel realizó contra Petri, luego de que el legislador la calificara de “golpista”. En su presentación, la vicepresidenta también incluyó a los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, conductores del noticiero de A24.
Tras el revés judicial, la titular del Senado volvió a cargar contra el exministro y esta vez lo acusó de calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión, junto a una infracción al artículo 213 bis del Código Penal sobre coerción ideológica.
El juzgado federal criminal correccional N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, descartó la configuración de delitos de acción pública, argumentando que los hechos no constituyen ilícito. Sin embargo, la funcionaria insistió y le impuso a Petri una medida cautelar para que no pueda mencionarla públicamente.
El cruce se produjo después de que el diputado libertario por Mendoza dijera que Villarruel estaba siendo “funcional a la oposición” por sus actitudes previas a la apertura de sesiones ordinarias, y la calificara de “golpista”, cuestionando su rol institucional.
La Justicia indicó que las declaraciones mencionadas no reúnen los elementos necesarios para afectar el sistema democrático, por lo que las denuncias no prosperaron. El juez Ramos convalidó el dictamen del fiscal Ramiro González, quien sostuvo que las declaraciones podían encuadrarse dentro de la crítica política.