La organización citó una resolución de la CIDH que establece estándares de derechos humanos para las políticas fiscales, en medio de recortes presupuestarios en educación y niñez.
Amnistía Internacional emitió un comunicado este miércoles en el que alertó sobre las consecuencias del ajuste fiscal del Gobierno argentino en áreas consideradas sensibles, como educación, niñez y discapacidad. La organización señaló que la resolución 2/26 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), firmada a fines de abril, resulta especialmente relevante para el país tras la multitudinaria marcha universitaria del martes.
Según Amnistía, la resolución de la CIDH establece que las decisiones sobre impuestos, presupuesto, gasto público y deuda deben evaluarse bajo estándares de derechos humanos, y no como meras decisiones económicas. En ese marco, la organización recordó que la masiva Marcha Federal Universitaria evidenció las consecuencias concretas de los recortes, con estudiantes, docentes y organizaciones sociales reclamando el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial.
Asimismo, Amnistía mencionó las irregularidades detectadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como un ejemplo de cómo el desvío o uso ineficiente de recursos públicos puede afectar a personas que dependen de prestaciones estatales. La directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, afirmó que «sin recursos no hay derechos y sin derechos no hay desarrollo posible» y que cada recorte en niñez, educación o protección social debe justificarse bajo estándares de derechos humanos.
La Resolución 2/26, impulsada por la CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), es la primera en su tipo que fija estándares jurídicos sobre la relación entre políticas fiscales y derechos humanos en el Sistema Interamericano. Entre sus puntos clave, exige que cualquier retroceso en derechos sea excepcional, temporal, necesario, proporcional y no discriminatorio, y obliga a los Estados a movilizar el máximo de recursos disponibles antes de recortar servicios esenciales.
La organización también señaló que la corrupción puede constituir una violación de derechos humanos, especialmente cuando desvía recursos destinados a grupos vulnerables. En este contexto, mencionó la Decisión Administrativa 20/2026, publicada el 11 de mayo, que dispuso nuevas reducciones presupuestarias en el Ministerio de Capital Humano, incluyendo recortes de $55.465 millones en programas de niñez, adolescencia y familia, y $78.711 millones en educación.
El lunes anterior, el Gobierno de Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi 2,5 billones de pesos, que incluyó un fuerte ajuste en educación y universidades. La Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, recortó $78.768 millones en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales.