El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, advirtió este martes en el Congreso de los Diputados sobre el agravamiento de la crisis de acceso a la vivienda en España, que afecta a jóvenes, familias vulnerables y trabajadores con ingresos estables. Gabilondo reclamó coordinación entre administraciones y medidas urgentes para evitar un mayor deterioro.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, compareció este martes ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados para alertar sobre la crisis de acceso a la vivienda en España. Según informó Efe, Gabilondo afirmó que “la colaboración de todos” es necesaria para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y que “solo un acuerdo entre las distintas administraciones podría lograr un avance sustantivo” en esta materia.
El pronunciamiento se produce en un contexto de presión sobre el mercado inmobiliario, caracterizado por el encarecimiento del alquiler, la escasez de vivienda pública y las dificultades para acceder a una vivienda en propiedad o alquiler. Gabilondo presentó un informe que registra 38.762 expedientes tramitados y la atención directa a 44.278 ciudadanos durante el ejercicio. Una parte significativa de las quejas está relacionada con problemas de acceso a la vivienda y la falta de respuesta eficaz de las administraciones.
En junio de 2025, la institución abrió actuaciones de oficio con todas las comunidades autónomas, las ciudades autónomas, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y los diez ayuntamientos más poblados del país. El objetivo fue conocer las medidas adoptadas para aumentar la vivienda protegida y ampliar el parque público residencial. “Esta actuación sigue abierta”, subrayó Gabilondo, quien insistió en la necesidad de cooperación institucional para abordar un problema que consideró estructural.
El informe identifica varias causas del deterioro del acceso a la vivienda, entre ellas la escasez de vivienda pública y social, que se sitúa por debajo de la media europea, la lentitud administrativa y la insuficiencia de ayudas eficaces para las familias con menos recursos. Según los ciudadanos que se comunicaron con la institución, acceder a una vivienda protegida implica “esperas interminables” y procedimientos burocráticos que retrasan las adjudicaciones durante años.
El problema afecta especialmente a jóvenes y familias vulnerables, que destinan una porción creciente de sus ingresos al alquiler. En muchos casos, quedan excluidos del mercado por la imposibilidad de asumir las rentas actuales. Gabilondo alertó que la situación es más grave en grandes ciudades y zonas turísticas, donde el auge del alquiler vacacional reduce la oferta residencial y presiona los precios.
Uno de los puntos que generó mayor preocupación en el Defensor del Pueblo es el incremento de situaciones de exclusión residencial entre personas con trabajo o ingresos estables. Gabilondo afirmó que “entre las personas sin hogar hay quienes cuentan con empleo o pensiones públicas” y consideró que la respuesta institucional frente a este fenómeno “no resulta satisfactoria”. El informe también recoge casos de ciudadanos que comunicaron la inminencia de un desahucio judicial de su vivienda habitual.
Ante esta situación, Gabilondo reclamó reforzar la protección de las personas vulnerables sin dejar de combatir las ocupaciones ilegales. Además, pidió mejorar la gestión de ayudas públicas, garantizar procesos transparentes de adjudicación de vivienda social y aumentar de manera urgente el parque público destinado al alquiler asequible.
Gabilondo también se refirió a la existencia de asentamientos chabolistas e infraviviendas sin condiciones mínimas de habitabilidad en distintos puntos del país. “No puede olvidarse la existencia de asentamientos de chabolas e infraviviendas separados y aislados de los núcleos urbanos”, señaló durante su intervención. Reclamó a las administraciones planes efectivos de realojo y soluciones rápidas para las personas que viven en condiciones extremas de exclusión.