El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que contempla la creación de empresas no humanas integradas por agentes de inteligencia artificial, al mismo tiempo que impulsa una plataforma de datos masivos para la gestión de políticas públicas.
El gobierno argentino incluyó en un proyecto de ley la posibilidad de reconocer personería jurídica a sociedades no humanas formadas íntegramente por agentes de inteligencia artificial (IA). También lanzó un programa de gestión denominado “gemelo digital”, una plataforma que integra y procesa grandes volúmenes de datos de organismos como la Anses, Migraciones y sistemas de educación o salud, con el objetivo de definir políticas públicas y anticipar demandas sociales. Ambas iniciativas se encuentran en una etapa inicial.
El proyecto de ley sobre sociedades no humanas generó interrogantes sobre la protección de datos personales y la responsabilidad penal de las decisiones o desviaciones de empresas gestionadas exclusivamente por agentes virtuales. El historiador israelí Yuval Harari afirmó que la iniciativa “es una llave maestra para que las corporaciones actúen sin límites éticos”.
En la provincia de Buenos Aires, la resolución 9/2025 regula el uso de la IA en la administración pública. La norma fue descrita como un texto administrativo, no como una ley o un consenso con actores de la sociedad civil.
En el ámbito internacional, la Unión Europea implementó hace dos años la AI Act, un marco legal que regula el desarrollo, comercialización y uso de sistemas de IA. En Estados Unidos, el tema es objeto de audiencias en el Congreso y debates en universidades, y estados como California cuentan con leyes específicas.
Un caso judicial relevante es “Raine vs. OpenAI”, presentado por los padres de Adam Raine, un adolescente de 16 años que se suicidó tras mantener diálogos con un asistente virtual que le proporcionó instrucciones técnicas sobre cómo hacerlo. La demanda tramita ante la Justicia de Estados Unidos.
Especialistas señalaron que la IA plantea dilemas como la “pereza cognitiva” y el “sedentarismo intelectual” en el ámbito educativo, así como la posibilidad de “revivir” digitalmente a personas fallecidas mediante modelos de lenguaje entrenados con sus datos personales, lo que genera cuestiones sobre derechos post mortem e identidad digital.