El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aceptó la personación de la Abogacía del Estado en el procedimiento para ejecutar la sentencia que desde 2021 ordena revisar la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, en Carboneras.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido la petición formulada por la Abogacía del Estado para personarse en el procedimiento destinado a ejecutar la sentencia que, desde 2021, obliga a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, ubicado en Carboneras (Almería).
En una providencia dictada el 10 de junio, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada permitió a la representación del Gobierno sumarse a la pieza de ejecución de la sentencia. Esta decisión se produce cuando el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras tiene previsto abordar el miércoles el mandato judicial para anular el permiso de obras concedido en enero de 2003.
En un escrito presentado la primera semana de junio, la Abogacía del Estado sostuvo el “evidente interés legítimo” de la Administración central para formar parte del proceso, al considerar que la anulación de la licencia está vinculada con el procedimiento abierto por el Gobierno para expropiar a Azata del Sol la mitad del hotel que se asienta sobre suelos de su competencia.
La Abogacía recordó además que la Dirección General de la Costa y el Mar también se ha personado en el expediente de revisión de oficio de la licencia que tramita el Ayuntamiento de Carboneras, el cual recibió el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) para declarar nulo el permiso de obras.
En el mismo tribunal se sigue un recurso contencioso-administrativo impulsado por la promotora del hotel contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los suelos. Dicho recurso busca paralizar la expropiación parcial de los terrenos en la vía unilateral emprendida por el Gobierno en febrero de 2025.
La Abogacía señaló que el propio TSJA denegó en diciembre pasado las medidas cautelares solicitadas por Azata del Sol para suspender la resolución del Gobierno que trazaba el camino para recuperar la mitad de los suelos de la zona de servidumbre marítimo-terrestre. La otra mitad es competencia de la Junta de Andalucía, al asentarse en terrenos de especial protección del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
La decisión del TSJA dio al Ejecutivo vía libre para continuar con los trámites de expropiación, que se encuentra pendiente de fijación de un justiprecio a través del tribunal provincial de expropiaciones de Almería. El Estado ofreció 16.500 euros por los suelos, mientras que Azata fijó en su hoja de apremio una cuantía de 44,5 millones de euros.