Un ex trabajador del hospital londinense fue despedido e inhabilitado tras acceder sin autorización a los registros médicos de la princesa de Gales y ofrecerlos a cambio de dinero, según determinó la oficina reguladora de protección de datos del Reino Unido.
La Information Commissioner’s Office (ICO), organismo encargado de la protección de datos personales en Reino Unido, comunicó que un antiguo empleado de The London Clinic fue despedido e inhabilitado por acceder de manera intencionada al historial médico de Catalina, princesa de Gales, y tratar de vender la información a terceros. La ICO calificó el hecho como una grave ruptura de la confianza depositada en los profesionales sanitarios.
Catalina, esposa del príncipe Guillermo, ingresó en el centro privado de Londres el 16 de enero de 2024 para someterse a una cirugía abdominal programada. Al día siguiente, el Palacio de Kensington informó que la recuperación se prolongaría durante varias semanas y que la princesa permanecería alejada de sus compromisos públicos. Permaneció hospitalizada durante 13 días.
Durante ese período, el estado de salud de la princesa generó una amplia atención mediática y especulaciones en redes sociales. Semanas después del alta, surgieron sospechas de que un empleado del hospital había intentado acceder sin autorización a sus registros médicos. La ICO inició una investigación, que fue notificada dentro del plazo legal de 72 horas establecido para incidentes de seguridad de datos personales. El proceso se extendió durante más de dos años por la complejidad del caso y la relevancia pública de la paciente.
En el mismo periodo, el rey Carlos III también se encontraba ingresado en la clínica por una hiperplasia benigna de próstata. Tras pruebas posteriores, se confirmó que el monarca padecía un tipo de cáncer por el que continúa en tratamiento. El hospital trasladó al Palacio de Buckingham garantías de que los datos médicos del rey no fueron comprometidos.
La ICO impuso una amonestación formal al ex empleado por la obtención ilícita y el intento de divulgación de información sanitaria privada. Aunque la legislación británica contempla sanciones económicas y procedimientos penales por acceso no autorizado a historiales médicos, el individuo no fue condenado judicialmente ni recibió una multa. La ICO consideró que la amonestación era la medida más adecuada y proporcional según las pruebas disponibles y el interés público.
La investigación también examinó posibles fallos estructurales en los sistemas de protección de datos de la clínica, pero no encontró deficiencias que justificaran medidas contra la institución. The London Clinic defendió su actuación, señaló que colaboró con las autoridades y afirmó que se trató de un episodio aislado. El centro indicó que mantiene elevados estándares de confidencialidad y atención hacia todos sus pacientes.
La clínica londinense, que históricamente ha tratado a miembros de la familia real, ex primeros ministros y figuras públicas, ya había recibido observaciones de inspectores sanitarios sobre gestión interna y seguridad de servicios, aunque evaluaciones previas señalaban que los historiales clínicos se almacenaban de forma segura.
Tres días después de que se conociera la presunta vulneración de su privacidad, la princesa de Gales publicó un mensaje en video en el que anunció que recibía tratamiento contra el cáncer. Fuentes cercanas indicaron que, aunque tenía la posibilidad de emprender acciones civiles, no tenía intención de presentar una demanda.