Un informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), divulgado en Costa Rica, señala que al menos nueve personas murieron bajo custodia estatal en Nicaragua entre 2018 y 2025, y detalla represión a protestas y persecución a opositores.
El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) presentó el lunes en Costa Rica un informe sobre la situación en Nicaragua durante los últimos siete años. Según el documento, retomado por la agencia EFE, al menos nueve personas perdieron la vida bajo custodia estatal desde 2018, siendo la más reciente en mayo de 2025.
Las protestas ciudadanas iniciadas el 18 de abril de 2018, motivadas por una reforma a la seguridad social, derivaron en reclamos por la renuncia del presidente Daniel Ortega, quien gobierna desde 2007. El gobierno calificó esas manifestaciones como «intento de golpe de Estado». Las cifras de fallecidos durante las protestas varían: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró al menos 355 víctimas, organizaciones locales reportaron 684 y Ortega admitió «más de 300».
El informe del Cetcam sostiene que la violencia estatal y la crueldad se convirtieron en políticas permanentes. Menciona el desalojo violento de recintos universitarios ocupados por estudiantes durante las protestas de 2018 y 2019. Además, documenta asesinatos y atentados contra personas exiliadas en países como Costa Rica, citando los casos de Rodolfo Rojas, Roberto Samcam y Joao Maldonado como ejemplos de persecución transnacional.
El Cetcam indica que organizaciones de derechos humanos confirmaron que las motivaciones detrás de esos hechos son políticas. El informe también señala detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles a prisioneros políticos desde 2018, así como la negación de atención médica a presos de conciencia. Se mencionan exposiciones públicas forzadas de detenidos para negar la desaparición forzada.
Los investigadores afirman que «este recuento pone en evidencia que la dictadura realiza estas macabras prácticas como una decisión consciente y premeditada, sin que le importe la humanidad de los nicaragüenses en general, y de las personas prisioneras políticas en particular». El Cetcam considera que las acciones descritas configuran crímenes de lesa humanidad, y describe la lógica del poder en Nicaragua como marcada por la necropolítica y la violencia sistematizada.