La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó su informe anual sobre derechos humanos en cárceles federales, que señala sobrepoblación, falta de datos actualizados y cambios normativos en el acceso al trabajo y la educación.
Buenos Aires, 28 de junio – La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) dio a conocer el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en las cárceles federales. El documento, remitido el 28 de mayo a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo en el Congreso en cumplimiento del artículo 25 de la Ley 25.875, detalla déficits estructurales, opacidad informativa y retrocesos normativos.
Según el informe, persiste la sobrepoblación y el alojamiento en condiciones de grave hacinamiento, especialmente en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Se reportó que más de 2.339 personas se encuentran alojadas en centros transitorios porteños que no cumplen con los estándares internacionales mínimos de condiciones de encierro.
A diciembre de 2025, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) registró 12.152 personas detenidas en cárceles federales: 11.164 varones (91,9%), 954 mujeres (7,8%) y 34 personas trans (0,3%). Del total, el 63% contaba con condena firme y el 37% se encontraba en prisión preventiva. En los últimos dos años, la población detenida creció un 5,4% (2024) y un 3,6% (2025). El SPF declaró un aumento de 516 plazas en 2025.
La PPN señaló que no se dispone de información actualizada y desagregada por establecimiento penitenciario, debido a que se dejó de publicar esos datos en el sitio web oficial. La última actualización disponible corresponde a un informe de 2024.
El informe documentó 332 casos de malos tratos en cárceles federales y otros lugares de detención, y 48 muertes, de las cuales 14 fueron violentas: seis por ahorcamiento, siete en el marco de incendios y una a causa de traumatismos. Durante 2025, la PPN recibió 19.539 reclamos, principalmente vinculados a problemas de salud, trabajo, comunicación con la defensa, hacinamiento y acceso a la justicia.
La Procuración realizó monitoreos constantes en cárceles, comisarías y Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado de la Ciudad de Buenos Aires, así como en dependencias de fuerzas federales. Emitió seis recomendaciones sobre expulsión anticipada, derecho a la salud en comisarías y alcaidías, acceso al trabajo, falta de profesionales de la salud, regulación de visitas entre personas detenidas y prevención de registros corporales intrusivos.
Se intervino en 45 hábeas corpus colectivos. Uno de ellos, presentado en marzo, impugnó la Resolución 372/2025, que restringió el acceso a la educación superior de las personas detenidas en cárceles federales al prohibir el funcionamiento de centros de estudiantes y limitar el acceso a los espacios de estudio fuera del horario de cursada.
El informe también menciona un retroceso en el acceso al trabajo en contextos de encierro, a través de resoluciones ministeriales y la reducción de las horas laborales de las personas detenidas. Este proceso se profundizó con la Reforma Laboral aprobada a fines de febrero de 2026 (Ley Nº27.802), que excluyó a este colectivo del régimen común previsto en la Ley de Contrato de Trabajo. La PPN presentó objeciones constitucionales a las disposiciones que derogan artículos clave de la Ley Nacional de Ejecución Penal.